Así lo informó el TSJ en su página web mediante una sentencia de la Sala Constitucional en la que se declaró la conformidad constitucional del proyecto de reforma de esta ley, "todo ello a fin de que se continúe el proceso legislativo para su discusión y aprobación" ante el Parlamento.
Al menos 927 personas en Venezuela fueron acusadas de "incitación al odio" desde la aprobación de esta norma, en 2017, según datos difundidos este mes por la ONG Foro Penal, dedicada a la defensa de los presos políticos.
La Ley Constitucional contra el Odio, por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia fue aprobada en noviembre de 2017 por la chavista Asamblea Nacional Constituyente, instalada ese año en paralelo al Parlamento mayoritariamente opositor, tras meses de crisis política y masivas protestas antigubernamentales en el país.
Su aprobación se hizo tras una solicitud expresa del entonces presidente Nicolás Maduro para acabar con los supuestos mensajes de "odio" que, según el oficialismo, desataron la ola de protestas que sacudieron el país entre abril y agosto de ese año.
Esta legislación establece penas de hasta 20 años de cárcel contra los llamados "delitos de odio" y ha sido criticada por defensores de derechos humanos y ONG, como Espacio Público, que en 2023 denunció que ha sido usada como un instrumento "para perseguir a personas por expresiones incómodas o críticas frente a ciertos sectores de poder".
La reforma parcial de esta ley se evalúa luego de que en septiembre pasado la mandataria encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, lo solicitara al Parlamento, controlado por el chavismo y presidido por su hermano Jorge Rodríguez.
Delcy Rodríguez reconoció entonces que las autoridades aplicaron mal esta ley y la utilizaron de forma abusiva, como denunciaron por años varias ONG y la oposición.