Las críticas a Díaz provenientes de la presidenta Laura Fernández y de su antecesor, Rodrigo Chaves, actual ministro de la Presidencia y de Hacienda, tuvieron uno de sus puntos álgidos cuando durante su mandato (2022-2026) llegó a encabezar una marcha con sus seguidores para exigir la renuncia del fiscal, a quien ha señalado de montar "shows" y "circos" en su contra y de funcionarios de su administración.
No obstante, este lunes, en una votación unánime de 21 magistrados, la Corte Suprema de Justicia reeligió al abogado Carlo Díaz, de 58 años, quien prometió trabajar para que el Ministerio Público (Fiscalía) se fortalezca como un "pilar fundamental del Estado de Derecho" y lanzó críticas al "populismo" que, a su juicio, busca socavar la independencia de poderes.
"Quiero reafirmar mi compromiso de seguir trabajando por un Ministerio Público independiente, firme en la lucha contra la criminalidad y la corrupción y respetuoso de los derechos de las personas, afirmó Díaz.
El alto funcionario reelegido añadió: "También quiero decirlo con claridad: dentro del marco de nuestras competencias encontrarán un Ministerio Público dispuesto a defender la Constitución, la ley y el Estado de derecho frente a cualquier actuación o forma de ejercicio de poder político que pretenda ponernos en riesgo".
Figuras de la oposición han señalado al oficialista Partido Pueblo Soberano de tener tintes autoritarios y de querer controlar el Poder Judicial.
Las críticas del expresidente Chaves a esta rama del poder público, a la que suele referirse como "Poder Perjudicial", han continuado ahora como ministro de la Presidencia (Interior) y de Hacienda del Gobierno de Fernández, e incluso ha anunciado recortes al presupuesto judicial para 2027, con el argumento de que los aplicará a todas las instituciones del Estado.
Fernández ha criticado los salarios y la reelección de magistrados por largos periodos y ha instado a los más longevos a dar espacio a otros, al señalar que el Poder Judicial no cumple con su labor de garantizar una justicia pronta y cumplida, y además los ha llegado a tildar de golpistas a raíz de varias resoluciones contrarias a los intereses del Gobierno.
El conflicto entre el Ejecutivo y el Poder Judicial se intensificó desde inicios de 2025 cuando Chaves encabezó como presidente una marcha para exigir la renuncia del fiscal Díaz, a quien llegó a calificar como "matón de barrio".
Díaz lidera una serie de investigaciones contra Chaves y varios de sus excompañeros de Gobierno. Muchos de ellos, incluido el expresidente, continúan con inmunidad en la actual Administración de Fernández como ministros o diputados.
La Fiscalía acusó el año pasado a Chaves por dos casos: el primero se refiere a un supuesto manejo irregular de fondos provenientes del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), y el otro por la utilización de una aparente estructura paralela de financiamiento de la campaña electoral en 2021.
En septiembre del 2025, la oposición no consiguió los votos necesarios en el Congreso para levantar el fuero a Chaves y que así pudiera enfrentar la acusación por el caso del BCIE. El mandatario afirmó que era víctima de persecución política y de un intento de golpe de Estado.