En un comunicado que recogen este miércoles medios locales, la Comisión de Reparaciones de Gambia informó a las víctimas de que recibió 2.573.414,10 dólares "obtenidos mediante el decomiso y la venta de la propiedad del expresidente Yahya Jammeh en Potomac (en el estado de Maryland, en el noreste de EE.UU)".
"Estos fondos fueron depositados directamente en la cuenta del Fondo de Reparaciones en el Banco Central de Gambia y se destinarán exclusivamente al pago de reparaciones por parte de la Comisión", precisó el organismo.
"La Comisión reafirma su compromiso de mantener a las víctimas, a los supervivientes y al público informados sobre avances significativos en la implementación del programa nacional de reparaciones", añadió.
La entidad aseguró que está "comprometida a garantizar que los fondos se gestionen de manera responsable, transparente y con rendición de cuentas, teniendo debidamente en cuenta los derechos y las necesidades de las víctimas y los supervivientes".
El pasado septiembre, el Departamento de Justicia estadounidense informó sobre el retorno de los citados fondos, al argumentar la confiscación de la propiedad porque Jammeh "utilizó ganancias de origen delictivo y fondos públicos gambianos malversados" para comprarla.
En 2018, el Gobierno de Gambia estableció la Comisión de la Verdad, la Reconciliación y la Reparación (TRRC, en inglés) para investigar y documentar las violaciones de los derechos humanos cometidas entre julio de 1994 y enero de 2017.
La TRRC recogió testimonios de víctimas, testigos y perpetradores, y en su informe de noviembre de 2021 recomendó indemnizaciones, reformas institucionales y el enjuiciamiento de las personas con mayor responsabilidad por esas atrocidades.
Tras reconocer que algunos delitos, como la tortura, los tratos crueles e inhumanos y otros crímenes internacionales, no se abordaban adecuadamente en el derecho interno, el Gobierno de Gambia trató de establecer un tribunal internacionalizado.
En octubre de 2022, Gambia propuso formalmente una asociación con la Comunidad Económica de los Estados de África Occidental (Cedeao) para crear una corte especial que integrara los marcos jurídicos nacionales e internacionales, a fin de garantizar la rendición de cuentas y la justicia para las víctimas.
En diciembre de 2024, la Cedeao aprobó el establecimiento del Tribunal Especial para Gambia, una institución independiente con sede en ese país y con una mezcla de jueces, fiscales y personal gambianos, regionales e internacionales, que ha visto sus operaciones frenadas por la escasez de fondos.
Jammeh, de 61 años y exiliado en Guinea Ecuatorial, gobernó Gambia con mano de hierro entre julio de 1994 y enero de 2017.
Fueron veintidós años en los que resultaron comunes las desapariciones forzosas, las torturas y las ejecuciones extrajudiciales de estudiantes, activistas, opositores y funcionarios públicos, entre otros.
Gambia está presidida por Adama Barrow desde diciembre de 2016, cuando venció en las urnas a Jammeh, que rechazó los resultados de los comicios pero acabó cediendo el poder por la presión internacional, tras la entrada en territorio gambiano de tropas de otros países africanos de la región para forzar al mandatario.
Barrow, también de 61 años, fue reelegido como presidente en diciembre de 2021 por otro mandato de cinco años.