Ante la continuidad de las protestas en distintos puntos de Europa, entre ellos Francia, en las que jóvenes y estudiantes desempeñan un papel destacado, y las nuevas movilizaciones previstas para el fin de semana, O'Flaherty advirtió de que los episodios de violencia no justifican restricciones arbitrarias ni la disolución indiscriminada de concentraciones.
"La violencia ejercida por algunos individuos o grupos no justifica restricciones arbitrarias, prohibiciones generalizadas ni la dispersión de toda una asamblea", declaró.
Los participantes violentos, dijo, deben distinguirse de quienes se manifiestan pacíficamente.
El comisario pidió a las fuerzas de seguridad que prioricen el diálogo y la desescalada, aunque reconoció la legitimidad de la intervención policial para responder a saqueos y disturbios y proteger a la población.
El uso de la fuerza, subrayó, debe limitarse a lo estrictamente necesario y ser proporcionado.
Asimismo, todas las denuncias de uso excesivo de la fuerza deben investigarse sin demora, añadió.
O'Flaherty advirtió también contra las detenciones arbitrarias y sostuvo que toda privación de libertad debe contar con una base legal y no utilizarse para intimidar o disuadir a quienes ejercen pacíficamente su derecho a la protesta.
En el caso de los menores, reclamó que las fuerzas policiales tengan en cuenta su edad y vulnerabilidad, y que la detención se reserve como último recurso, con acceso a asistencia jurídica.
El comisario señaló, además, que el empleo de personal militar para controlar manifestaciones puede plantear problemas desde la perspectiva de los derechos humanos.
Proteger la reunión pacífica es una obligación democrática, recordó el comisario, e insistió que la respuesta de las autoridades a las protestas debe ajustarse a los derechos humanos y al Estado de derecho.