La ofensiva también ha incluido la demolición de viviendas y locales comerciales, y en ella podría haberse hecho un uso innecesario y desproporcionado de la fuerza, lamentó el jefe de derechos humanos de Naciones Unidas en un comunicado.
"Declaraciones de altos cargos del Gobierno israelí indican que las medidas aplicadas tienen carácter punitivo y están concebidas para infundir miedo, algo que es inaceptable", destacó Türk.
El alto comisionado pidió que se permita a los desplazados regresar a sus hogares, así como que se garanticen indemnizaciones por los desalojos y demoliciones ilegales.
"El castigo colectivo constituye una grave violación del derecho internacional, y las amenazas de despoblar y borrar del mapa barrios enteros también suscitan serias preocupaciones ante una posible limpieza étnica", subrayó.