"Siguiendo una táctica clásica de los regímenes autoritarios, las autoridades utilizan cada vez más las leyes antiterroristas como arma para silenciar a las voces críticas e infundir miedo", afirmó en un comunicado el director regional de AI para África oriental y meridional, Tigere Chagutah.
Chagutah lamentó que "ni un solo funcionario" ha sido investigado, procesado o sancionado por el uso excesivo de la fuerza contra los manifestantes que salieron a las calles tras la abrumadora victoria de la presidenta tanzana, Samia Suluhu Hassan.
"La situación no ha hecho más que deteriorarse desde que comenzó la represión", subrayó.
Al mismo tiempo, pidió poner fin al uso "indebido" de las leyes antiterroristas y retirar "de manera inmediata e incondicional" todos los cargos de terrorismo contra las personas detenidas "injustamente".
La organización también criticó que no se haya hecho público todavía el informe de la Comisión de Investigación creada por la propia presidenta sobre las muertes relacionadas con las elecciones de 2025, que fue entregado el abril pasado a Hassan.
Aunque el documento no fue publicado, la comisión reveló que estimó en 518 los muertos en estas protestas, una cifra muy por debajo de los al menos 700 cifrados por expertos de la ONU y los hasta 1.000 muertos reportados por la principal formación de la oposición tanzana, el Partido de la Democracia y el Progreso (Chadema, en suajili).
AI se hizo eco igualmente de las repetidas declaraciones de Hassan en las que acusa a actores extranjeros de financiar las protestas postelectorales para derrocar al Gobierno.
La mandataria creó este agosto otra comisión de investigación para identificar a los responsables de planificar, financiar, coordinar o ejecutar la violencia, así como de investigar el uso excesivo de la fuerza y el paradero de las personas desaparecidas.
"Es imperativo que esta nueva comisión aborde de manera integral el papel de las fuerzas de seguridad en la represión relacionada con las elecciones. Sus investigaciones deben ser exhaustivas, independientes, imparciales y transparentes", pidió la ONG.
AI ha documentado en el último año cómo los organismos de seguridad han cometido "con total impunidad" violaciones de derechos humanos contra críticos del Gobierno, simpatizantes de la oposición, medios de comunicación y miembros del partido gobernante que expresaban discrepancias.
Entre estos actos, se encuentran acciones que podrían constituir "tortura u otros malos tratos, detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, secuestros y graves restricciones a la libertad de expresión y de reunión pacífica".
En uno de estos casos, por ejemplo, Stefano Patrick, un ciudadano de 26 años que expresó su apoyo a una jornada de protestas, fue "arbitrariamente detenido" el pasado 24 de julio en Dar es Salaam -capital económica del país- y permaneció 47 días bajo custodia sin cargos.
Patrick relató que, durante su detención, fue torturado, se le negó el acceso a agua o alimentos, y los agentes llegaron a "orinar sobre su rostro" mientras tenía los ojos vendados.
"Podía oír a algunas personas llorando en la habitación contigua. Unos agentes se acercaron a mí y me dijeron: '¿Oyes cómo lloran tus amigos? Si no colaboras te mataremos'", describió el joven a la ONG.
En su segundo día de detención, la Policía llevó a Patrick a la comisaría de Gogoni, donde "golpean las piernas hasta que se te entumecen", y donde también vio a otra persona con las piernas rotas.
Otro caso fue el de Mashaka Nestory Kindikwa, de 37 años y exfuncionario del gobernante Partido de la Revolución (CCM), que sigue en paradero desconocido tras ser "secuestrado" en su domicilio el pasado 25 de junio por siete presuntos agentes de seguridad, aunque la Policía niega tenerlo bajo su custodia.
Por último, Chagutah instó al Gobierno tanzano a poner fin a las restricciones en el acceso a redes sociales y a la prohibición de mítines políticos y concentraciones masivas, así como a cesar la "creciente presión" contra la libertad de los medios de comunicación.