El director de HRW en Brasil, César Muñoz, solicitó a las autoridades federales impulsar esa reforma y presionar al gobernador electo de Río de Janeiro, Douglas Ruas, para que presente un proyecto de ley que separe los servicios de criminalística de la Policía Civil, una de las pocas regiones del país que aún no lo ha hecho.
"El Gobierno de Lula debería promover la independencia de los forenses en todo el país", afirmó Muñoz a EFE, quien señaló que esta medida debe formar parte de un esfuerzo más amplio para reforzar la participación federal en la lucha contra el crimen organizado.
Según explicó, Río de Janeiro es uno de los estados brasileños donde los servicios forenses carecen de independencia pues hacen parte de la Policía Civil, responsable de investigar los delitos, incluidos los homicidios cometidos por agentes policiales.
La organización considera que esta estructura genera conflictos de intereses y compromete la imparcialidad de las investigaciones.
"No hay transparencia, no hay independencia", afirmó Muñoz, quien defendió que los peritos cuenten con autonomía técnica y presupuestaria.
HRW presentó este miércoles los resultados de una investigación sobre la operación policial más letal de Brasil, que dejó 122 muertos hace exactamente un año en Río de Janeiro.
La ONG denunció graves irregularidades durante la acción y afirmó que las pruebas encontradas apuntan a posibles homicidios "intencionales" por parte de los uniformados, la manipulación de las cámaras corporales de los agentes, así como fallas en las investigaciones de las muertes.
El operativo en el que participaron unos 2.500 agentes tuvo lugar en los complejos de favelas de la Penha y el Alemão, con el objetivo de cumplir cien órdenes de captura contra presuntos miembros del Comando Vermelho, una de las principales facciones criminales de Brasil.
Durante la presentación del informe, HRW defendió una mayor coordinación entre el Gobierno federal y los estados para combatir a las organizaciones criminales, cuya actividad se ha extendido por Brasil y países vecinos.
Muñoz abogó por una estrategia centrada en la inteligencia, la investigación, el seguimiento de los flujos financieros y el combate al lavado de dinero, en lugar de depender de grandes incursiones policiales en las comunidades que tienen un impacto "nulo" en la seguridad pública.
El Gobierno de Lula está impulsando en el Congreso una reforma constitucional para mejorar la coordinación entre las autoridades nacionales y regionales en la lucha contra el crimen organizado, para evitar que dichas facciones aprovechen las diferentes estrategias de actuación entre territorios.