Mohamed Ibrahim al Shami, empleado de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, permanecía detenido en Saná desde el 6 de junio de 2024 y falleció mientras estaba bajo custodia de los hutíes, según informaron su familia y las Naciones Unidas.
La familia indicó que se les comunicó que la muerte había ocurrido varios meses antes, a pesar de que habían solicitado información sobre su paradero en repetidas ocasiones.
Asimismo, relataron que Al Shami sufrió una desaparición forzada y un aislamiento total durante casi 29 meses, sin posibilidad de contacto ni noticias sobre su estado de salud.
"Se nos privó de nuestros derechos humanos más básicos: poder escuchar su voz o recibir información sobre su salud; y este cruel sufrimiento culminó, finalmente, en la desgarradora noticia de su fallecimiento", expresó la familia.
En la nota, instaron a las autoridades de Saná, bajo control de los hutíes, a ofrecer una explicación oficial sobre las circunstancias y la causa de la muerte, y pidió a la ONU, a organizaciones de derechos humanos y humanitarias, a periodistas y a la opinión pública que presionen para exigir responsabilidades.
La causa y las circunstancias exactas de la muerte de Al Shami siguen siendo desconocidas, y los rebeldes aún no se han pronunciado al respecto.
El secretario general de la ONU, António Guterres, y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, condenaron el fallecimiento del empleado y pidieron una "investigación inmediata, imparcial, transparente y exhaustiva".
Guterres señaló que las circunstancias aún no están claras y que la ONU está solicitando respuestas con urgencia a las autoridades de facto hutíes.
Asimismo, Türk instó a la liberación inmediata e incondicional de otros miembros del personal de la ONU que permanecen detenidos, entre ellos siete colegas de su oficina.
Este es el segundo caso notificado de un miembro del personal de la ONU que fallece bajo detención de los hutíes, tras la muerte de un empleado del Programa Mundial de Alimentos en febrero de 2025.
Los insurgentes han acusado continuamente a trabajadores de la ONU y de organizaciones de ayuda humanitaria -actualmente detenidos- de estar implicados en una supuesta red de espionaje estadounidense-israelí, acusaciones que no han sido respaldadas con pruebas públicas.