"Necesitamos (...) que cesen los ataques desinformados contra la JEP", expresó Rojas durante su discurso de posesión como presidente del tribunal, cargo que ocupará dos años y en el que reemplaza al magistrado Alejandro Ramelli.
El nuevo presidente de la JEP es abogado de la Universidad Libre de Bogotá, así como especialista, magister y doctor en Derecho de la Universidad Nacional de Colombia.
Rojas fue presidente del Consejo de Estado, máximo tribunal de lo contencioso administrativo, y en la actualidad se desempeña como magistrado de la Sección de Apelación de la JEP, el órgano encargado de resolver las impugnaciones de las sentencias en primer instancia.
El presupuesto de la JEP sufrió un recorte de 170.000 millones de pesos (unos 52 millones de dólares) para 2027, por lo que la asignación para el tribunal pasaría de los 821.803 millones de pesos (unos 254 millones de dólares) a 651.803 millones (unos 202 millones de dólares).
Eso, expresó Rojas, "obliga a una restructuración sustancial de la JEP, en la que se está trabajando ya a marchas forzadas".
"Debemos ajustar el nuevo plan estratégico, que nos servirá de hoja de ruta en los próximos cuatro años a partir del criterio pragmático de hacer más con menos, menos tiempo, menos recursos", explicó.
Rojas agregó que "la afectación a la capacidad operativa para que la JEP cumpla su misionalidad es sensible, ello pone en riesgo grave e inminente no sólo la culminación en tiempo de su responsabilidad de investigar, juzgar y sancionar a los máximos responsables de los peores crímenes cometidos, sino especialmente ofrecer un tratamiento distinto a las víctimas".
Sin embargo, Rojas aseguró que, durante su gestión, Colombia podrá "tener la certeza de que a pesar del entorno social y político adverso, incluso hostil" que vive la JEP, este tribunal "cumplirá con sus responsabilidades".
"Mientras quede en pie al menos un juez o una jueza en la JEP, se hará cumplir con independencia, imparciaidad, prudencia y templanza el acuerdo final de paz, las normas constitucionales y legales que lo desarrollan", añadió el magistrado.
En ese sentido, Rojas aseguró que entregarán el edificio donde funciona el tribunal; se eliminarán esquemas de protección de magistrados, y se reduce la seguridad a víctimas, así como se recorta el 85 % de los contratos de prestación vigentes.
La Jurisdicción ya había advertido de que la reducción de recursos limitaría las audiencias en los territorios, la representación judicial de las víctimas y las medidas de protección para testigos y comparecientes.