"Tundu Lissu nunca debería haber sido detenido y mucho menos procesado y condenado. El veredicto de hoy y la pena de cuatro años de prisión son la culminación de un proceso profundamente defectuoso que fue injusto desde el momento de su arresto", afirmó en un comunicado Tigere Chagutah, el director regional de AI para África oriental y austral.
Chagutah lamentó que "Lissu ya ha pasado 577 días en detención arbitraria, únicamente por ejercer pacíficamente sus derechos humanos" y aseveró que el procedimiento estuvo marcado por "graves violaciones de su derecho a un juicio justo".
No solo se le negó el acceso confidencial a sus abogados, lo que "en la práctica, le obligó a representarse a sí mismo", señaló la organización, sino que "permaneció recluido en condiciones inhumanas, en una celda destinada a personas condenadas a muerte y con un acceso muy limitado a servicios religiosos".
Asimismo, se interrumpieron las emisiones en directo del proceso y dos observadores del juicio venidos de otros países de la región fueron detenidos de manera arbitraria, presuntamente torturados y deportados.
"Esta condena y sentencia no pueden considerarse el resultado de un juicio justo. Las autoridades tanzanas deben anular la condena y la sentencia contra Tundu Lissu, liberarlo de manera inmediata e incondicional y poner fin al uso indebido de las leyes sobre traición y otras para silenciar a los críticos del Gobierno", aseveró Chagutah.
El Tribunal Superior de Dar es Salam, capital económica de Tanzania, condenó este viernes a cuatro años de cárcel a Lissu, tras absolverle del cargo de traición, un delito que puede acarrear la pena de muerte, y declararle culpable del cargo menor de provocación, que conlleva una pena de hasta cinco años de prisión, una multa, o ambas sanciones.
Lissu, de 58 años y presidente de la principal formación de la oposición tanzana, el Partido de la Democracia y el Progreso (Chadema, en suajili), fue detenido en abril de 2025 mientras terminaba un discurso en un mitin.
La acusación le atribuía llamamientos a impedir las elecciones generales del 29 de octubre de 2025, pero el opositor ha asegurado que sus discursos no constituyen delito alguno bajo la ley tanzana.
Las elecciones se saldaron con una abrumadora victoria de la presidenta tanzania, Samia Saluhu Hassan, quien reprimió con dureza las protestas postelectorales, en las que hubo 518 muertos, según una comisión de investigación designada por la propia mandataria.
Expertos de la ONU, sin embargo, afirmaron que al menos 700 personas murieron durante las protestas, y Chadema cifró en hasta 1.000 los muertos.
Grupos pro derechos humanos y de la oposición han denunciado una ola de represión y detenciones de disidentes bajo la presidencia de Hassan.