Lo que comenzó el pasado martes con una publicación en X del Banco Central del Paraguay (BCP) comunicando el inicio de un proceso de resolución, o disolución, fue tornándose en una tormenta a medida que angustiados clientes se acercaban a las sucursales del banco para preguntar por sus recursos, desde entonces congelados.
La medida, según la entidad emisora, se adoptó tras constatarse que el índice de Ueno estaba por debajo del 50 % del mínimo requerido "como consecuencia de ajustes realizados a sus estados financieros" durante un proceso de regularización al que fue sometido.
El desenlace se vivió este viernes, en la segunda jornada de un juicio político impulsado por diputados de oposición y disidentes del oficialismo, cuando con el voto de los 44 senadores presentes, en su mayoría antiguos correligionarios suyos, Peña fue declarado culpable por "mal desempeño de funciones" y, en consecuencia, destituido.
La votación, que transcurrió en ausencia del acusado, quien delegó su representación en dos abogados, convirtió a Peña, de 47 años, en el segundo presidente en la historia reciente del país en ser desalojado del poder mediante un juicio político, después del izquierdista Fernando Lugo (2008-2012).
Peña permanecía en el cargo después de que el Congreso no se pronunció por falta de cuórum sobre la renuncia que presentó el jueves.
Desde entonces, el debate se centró en la conveniencia de su salida por dimisión o destitución.
El artículo 189 de la Constitución establece que los expresidentes elegidos democráticamente serán senadores vitalicios, "salvo que hubiesen sido sometidos a juicio político y hallados culpables".
Un senador vitalicio goza de fueros y no puede ser sometido a un proceso penal sin que se apruebe en el Congreso el retiro de dicha inmunidad.
Con la destitución, Peña no será senador vitalicio, lo que dejó el camino abierto para someterlo a la Justicia.
El ahora exmandatario fue incluido por la Fiscalía en una investigación por Ueno bank y otra serie de hechos denunciados por legisladores.
Fue así como se libró una orden de detención, que poco después del juicio la hizo efectiva la Policía, cuando acudió a la residencia de Peña, donde permanecerá antes de comparecer mañana a una audiencia.
Los hallazgos del BCP confirmaron lo que meses atrás advertían expertos y diputados de oposición en torno a Ueno, mientras el entonces jefe de Estado abogaba por la institución.
El impacto y el malestar crecieron a medida que se conocían las cifras. Dos de cada tres paraguayos, tal como señala la web del banco, tenían cuenta en esa entidad, entre ellos 32.000 de un total de 91.000 jubilados del Instituto de Previsión Social (IPS), que recibían sus pensiones cada mes.
El IPS, que invirtió 355 millones de dólares en la entidad, es una de las cinco cajas jubilatorias que confiaron sus fondos en una institución que el Banco Central "mató", ya que "no tenía remedio", aseguró este viernes la diputada Rocío Vallejo, al presentar los alegatos finales del juicio.
La legisladora subrayó que Peña "creó un agujero de 1.200 millones de dólares al pueblo paraguayo" y "tres millones de perjudicados en un solo día", en alusión al proceso de resolución, por lo que se refirió al ahora exgobernante como "el desfalcador más grande de la historia del Paraguay".
La destitución activó la sucesión en el Ejecutivo, que pasó a manos del hasta hoy vicepresidente, Pedro Alliana, quien juró en una sesión extraordinaria del Congreso.
Ejercerá el cargo hasta agosto de 2028, cuando concluye el periodo actual de Gobierno.
Luego fue juramentado como vicepresidente Antonio Barrios, elegido senador en 2023 y médico personal del titular del Partido Colorado, el exmandatario Horacio Cartes.
"Lo que vengo a prometer es concreto: los compatriotas que hoy atraviesan un momento difícil a consecuencia del descalabro financiero serán compensados plenamente. No los vamos a dejar solos", anunció el nuevo gobernante en su primer discurso, en el que anticipó que "ya se hizo suficiente en el exterior", en aparente alusión a los criticados viajes de Peña, y prometió recortar "los gastos superfluos".
Entretanto, la Fiscalía ha reportado la incautación de bienes como avionetas, vehículos de lujo y abundante documentación en los allanamientos a Ueno y las empresas de Ueno Holding, en las que Peña tuvo acciones hasta marzo de 2025, según la acusación.
También hoy un juez envió a cárceles de procesados a uno de los fundadores de Ueno, Miguel Vázquez, y otros cinco directivos.
Por su parte, la Asociación de Importadores y Comerciantes del Paraguay (Asimcopar) reportó que las ventas en las tiendas y multitiendas ha caído hasta un 70 % tras el cierre de Ueno, y el BCP debió sacar antes al mercado los nuevos billetes de 100.000 guaraníes ante la inusual demanda de efectivo.