El abogado Adolfo Ferreiro, que acudió al pleno para presentar la defensa "técnica" y "jurídica" de Peña, señaló que la acción del Senado niega al presidente "el derecho a salirse del juicio político", lo que al tiempo expone al país a un "daño institucional" y a la "vergüenza" en los foros internacionales.
"Cuando él manifiesta que quiere renunciar, de cajón la institución congresal o quien sea tiene que aceptar su renuncia", agregó Ferreiro, quien también defendió en un juicio político al expresidente Fernando Lugo (2008-2012), quien finalmente fue removido, así como a otras personalidades políticas.
Paraguay atraviesa una crisis después de que el Banco Central (BCP) ordenó un proceso de cierre del Ueno bank, una institución que durante la gestión de Peña recibió millonarios recursos de entidades públicas.
A su turno, el abogado Ricardo Preda descalificó la acusación, señalando que está lleno de "recortes" de denuncias periodísticas y "palabras grandilocuentes" que no probarían la responsabilidad del presidente en el deterioro financiero del banco.
Peña permanece formalmente en el cargo después de que el Congreso no se pronunció por falta de cuórum sobre la renuncia que presentó este jueves. Precisamente hoy dimitió su ministro de Interior, Enrique Riera, y en su reemplazo designó a Carlos Benítez.
Al ser notificado de la apertura del juicio político en su contra, el mandatario pidió una prórroga de 72 horas para alistar su defensa, lo que el Senado rechazó más temprano.
El artículo 189 de la Constitución de Paraguay establece que los expresidentes electos democráticamente serán senadores vitalicios, "salvo que hubiesen sido sometidos a juicio político y hallados culpables".
Un senador vitalicio goza de fueros y no puede ser sometido a un proceso penal sin que se apruebe en el Congreso el retiro de dicha inmunidad.
El BCP detectó que el índice de solvencia del banco, que controlaba los recursos de más de 2,9 millones de clientes, había caído por debajo del 50 % del mínimo exigido, "como consecuencia de ajustes realizados a sus estados financieros durante el proceso de regularización".
En la acusación se advierte de un conflicto de intereses, cooptación del Estado y puertas giratorias, al aludir, entre otros, a las acciones de Peña en el Ueno Holding, un conglomerado que agrupa distintas empresas, entre ellas Ueno bank. El mandatario vendió sus acciones en marzo de 2025.
Peña es el segundo gobernante sometido a un juicio político en la historia reciente de Paraguay, después del izquierdista Fernando Lugo.