Una fuente oficial declaró a la Agencia de Noticias Iraquí INA que el comité judicial, acompañado por representantes del comité gubernamental, visitó la zona para recabar información, avanzar en las investigaciones sobre las operaciones de contrabando de crudo e identificar los lugares donde se habrían cometido las infracciones.
La inspección se produce después de que el primer ministro iraquí y comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, Ali al Zaidi, presidiera el pasado sábado una reunión de seguridad de emergencia para examinar las conclusiones preliminares de la investigación.
Tras ese encuentro, Al Zaidi ordenó remitir a la justicia a todos los sospechosos de participar en las operaciones de contrabando de petróleo y adoptar las medidas legales correspondientes.
Asimismo, dispuso la destitución de nueve responsables de seguridad y administración en la provincia de Babil, entre ellos el jefe de Policía provincial, varios comandantes y directores de organismos de seguridad e inteligencia, el comandante de la Sexta Brigada de Policía de Energía y el director de la empresa de oleoductos.
El jefe del Gobierno también ordenó este lunes al Ejército acceder a la zona, si bien fuentes cercanas a las conversaciones afirmaron a EFE bajo condición de anonimato que el Ejército iraquí ingresará en la zona el próximo sábado si Kataib Hizbulá no cumple con el plazo establecido, que expira el viernes.
El caso ha adquirido una dimensión política y de seguridad debido a que Jusr al Nasr constituye uno de los principales bastiones de Kataib Hizbulá, la poderosa milicia proiraní que controla la zona desde que la liberó del grupo terrorista Estado Islámico en 2014.
La investigación por el contrabando de crudo se produce en paralelo a las medidas impulsadas por el Gobierno para reforzar el control estatal sobre el territorio, especialmente sobre las zonas bajo influencia de las milicias armadas, y los recursos petroleros.
En este contexto, Al Zaidi ordenó impedir la salida de camiones cisterna que transporten petróleo o sus derivados y exigió a la milicia que abandone la zona en el plazo establecido por las autoridades.
Kataib Hizbulá, por su parte, rechazó el domingo las acusaciones de contrabando y denunció que el Gobierno estaba utilizando el caso para presionar al grupo y forzar su desarme.
La inspección judicial de este martes representa un nuevo paso en la investigación, que ya ha provocado importantes cambios en la cúpula de seguridad de Babil y que podría tener consecuencias sobre el equilibrio de poder en uno de los enclaves más sensibles de Irak.