Claves del histórico fallo de CIJ que declara a Birmania responsable de genocidio rohinyá

La Haya, 19 nov (EFE).- La Corte Internacional de Justicia (CIJ) declaró este jueves a Birmania (Myanmar) responsable de genocidio contra la minoría musulmana rohinyá durante la ofensiva militar de 2017, en una sentencia histórica que establece nuevos criterios sobre la violencia sexual, la intención genocida y las reparaciones a las víctimas.

El fallo, aprobado por nueve votos contra seis en su principal conclusión, marca un precedente para otros casos de genocidio ante el máximo tribunal de Naciones Unidas, incluidos los relacionados con Gaza y Ucrania, aunque cada procedimiento deberá resolverse según sus propias pruebas.

Por primera vez, la CIJ declara que un Estado ha cometido genocidio, y no solo que ha incumplido su obligación de prevenirlo o castigarlo, un avance en la aplicación de la Convención contra el Genocidio de 1948.

En 2007, el tribunal concluyó que Serbia había incumplido su obligación de prevenir en 1995 el genocidio de Srebrenica, en Bosnia, pero no la declaró responsable de haberlo cometido.

Los jueces examinaron los asesinatos, la violencia sexual, la destrucción de aldeas, los desplazamientos forzados y décadas de discriminación contra los rohinyá.

Tras analizar las pruebas, descartaron que las operaciones militares pudieran explicarse como una respuesta a ataques de grupos armados, un desplazamiento forzoso o un castigo colectivo.

Concluyeron que "la única conclusión razonable" era la "intención de destruir a una parte" sustancial de la población rohinyá del norte del estado de Rakáin, un requisito indispensable para determinar que existe genocidio.

La Corte consideró probadas violaciones y otros actos de violencia sexual, además de restricciones a matrimonios y nacimientos y obstáculos al registro legal de niños rohinyá.

Examinó al menos 1.834 actos de violación documentados durante la ofensiva, junto con políticas destinadas a limitar nacimientos, y determinó que estas medidas pueden constituir actos de genocidio aunque no se demuestre que lograron reducir efectivamente la natalidad.

Este razonamiento desarrolla la jurisprudencia y refuerza el reconocimiento de la violencia reproductiva como una posible forma de destrucción de un grupo protegido.

Con este procedimiento, se ha reconocido el derecho de Gambia -denunciante del caso - a solicitar reparaciones para los rohinyá, pese a no haber sufrido directamente las violaciones ni contar con un mandato para representar a las víctimas.

La Corte considera que "este derecho deriva del interés común de todos los Estados partes" a garantizar el cumplimiento de la Convención.

El fallo confirma así que un país puede exigir no solo el cumplimiento del tratado, sino también medidas de reparación en nombre de víctimas de otro país.

La CIJ ordenó facilitar el regreso "seguro, voluntario y digno" de los desplazados, devolver o sustituir sus propiedades y permitir la reunificación de familias.

También exigió buscar desaparecidos, recuperar e identificar cuerpos de los fallecidos, garantizar su entierro digno y ofrecer rehabilitación física y psicológica a las víctimas.

La sentencia incluye además la protección frente a la discriminación y la persecución, especialmente la ciudadanía y la libertad de circulación.

Birmania deberá informar en un plazo de dos años sobre las medidas adoptadas.

La CIJ determinó que Birmania incumplió su obligación de prevenir el genocidio cometido por personas que actuaban junto a sus fuerzas de seguridad, así como su deber de investigar y castigar estos crímenes.

Por ello, la Corte ordenó investigar a los sospechosos, procesarlos y sancionarlos.

Sin embargo, la CIJ no juzga penalmente a personas concretas: su función es establecer la responsabilidad internacional de los Estados, a diferencia de los tribunales penales.

Los jueces no consideraron suficientemente demostrado que Birmania hubiera impuesto condiciones de vida destinadas a provocar la destrucción física de los rohinyá, una de las conductas previstas en la Convención, ni tampoco que el país hubiera incitado directa y públicamente a particulares a cometer genocidio.

Pero sí concluyeron que Birmania incumplió una orden de 2020 para conservar las pruebas de los presuntos crímenes.

La decisión llega cuando la CIJ examina otros procedimientos relacionados con la Convención contra el Genocidio, especialmente los casos vinculados con Gaza y la guerra en Ucrania.

Su importancia está en cómo el tribunal evalúa las pruebas de intención genocida, el papel de la violencia sexual y las obligaciones de reparación.

Sin embargo, el fallo no determina automáticamente el resultado de otros casos, ya que cada uno debe decidirse de forma independiente.

La sentencia, definitiva, también menciona las dificultades para investigar crímenes cuando el país acusado impide el acceso a las pruebas.

Birmania negó la entrada a investigadores de Naciones Unidas y no respondió a las solicitudes de información, por lo que la Corte consideró que podía recurrir con mayor "flexibilidad" a pruebas indirectas y deducciones razonables.

También reconoció el valor de los testimonios de víctimas de violencia sexual que no revelan su identidad por "vergüenza, estigma social y ostracismo".

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