Comité DDHH ONU aclara que libertad de asociación no requiere autorización previa estatal

Ginebra, 19 nov (EFE).- La libertad de asociación, crecientemente amenazada en diversos países por la represión del Estado, no requiere autorización previa de éste ni puede ser coartada con leyes sobre restricciones a la financiación extranjera, aclararon este jueves expertos de Naciones Unidas.

El Comité de Derechos Humanos de la ONU ha lanzado unas directrices sobre la libertad de asociación, en las que aclara éstos y otros puntos sobre un derecho fundamental "indispensable para la dignidad humana" y que permite a individuos y comunidades a expresarse colectivamente, destaca en el inicio del documento.

Ante la proliferación de casos en los que se cancelan organizaciones, asociaciones y otras instituciones por su supuesta ilegalidad, los expertos del comité recuerdan que este derecho "no está condicionado a la autorización o el reconocimiento de un Estado".

"No se necesita ninguna autorización previa para disfrutar de este derecho y ejercerlo", y "el mero hecho de incorporarse a una asociación no registrada o de ser miembro de ella no debe ser criminalizado ni sancionado", defiende el comité.

Otro motivo frecuente de persecución al asociacionismo, por ejemplo en países como Nicaragua o Rusia, es el de considerar que "agentes extranjeros" financian una determinada organización, ante lo cual el comité también aclara que buscar recursos fuera de un país es igualmente legítimo.

El artículo 22.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, por cuyo cumplimiento vela el comité, "protege el derecho a buscar, obtener, recibir y utilizar financiación y otros recursos materiales, incluidos los procedentes del extranjero", señala la directriz.

"También abarca el derecho a operar libremente a través de las fronteras y a acceder a la cooperación internacional con otros actores, sin correr el riesgo de ser calificado de 'agente extranjero' o recibir cualquier etiqueta similar, ni de ser considerado una amenaza para la seguridad nacional", añade.

El comité, formado por 18 expertos independientes elegidos por los Estados parte del pacto, también advierte contra el uso indebido de la legislación antiterrorista o de seguridad nacional, así como de leyes redactadas en términos vagos con supuestos objetivos de combatir el "extremismo" o incluso a "indeseables".

Agrega que el derecho a la libertad de asociación también implica la protección de organizaciones con ideas y actividades que no cuentan con el beneplácito de las autoridades públicas, incluso aquellas que "podrían calificarse de controvertidas, disidentes o contestatarias".

Ello incluiría, añade, acciones pacíficas de desobediencia civil colectiva.

Aunque el comité no menciona ejemplos concretos de gobiernos con altos niveles de represión de la libertad de asociación, comisiones de investigación de derechos humanos en el seno de la ONU han denunciado ejemplos en países como Nicaragua, Venezuela, la mencionada Rusia o incluso la inexistencia práctica de sociedad civil en un régimen como el norcoreano.

También se ha mostrado preocupación por parte de expertos de derechos humanos de la ONU, ONG y otros actores por la persecución de determinadas organizaciones en democracias, como en el caso de grupos de apoyo a la causa palestina en naciones europeas.

En el documento de 22 páginas, el comité también alerta contra la creciente vigilancia a las asociaciones, también a través de medios digitales, y por la infiltración en ellas de agentes de policía o de inteligencia, una práctica incompatible con el pacto.

Subraya que entre los grupos en mayor riesgo por la persecución de asociaciones figuran indígenas, afrodescendientes, minorías religiosas y éticas, personas que viven en zonas ocupadas, mujeres, menores, el colectivo LGBTI, discapacitados, personas con VIH, sindicalistas, defensores de derechos humanos y la oposición política en algunos países, entre muchos otros.

"Garantizar la libertad de asociación, también en contextos de emergencia, es un requisito esencial para el carácter democrático de cualquier sociedad, y para a protección de un espacio cívico abierto, plural, inclusivo y diverso", subraya.

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