La empresa Panamá Ports Company (PPC) salió de los puertos en febrero pasado, un mes después de que un fallo de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), en respuesta a recursos presentados por la Contraloría, declaró inconstitucionales la concesión de 1997 y la prórroga automática de 2021, que le daba la operación de los puertos de Balboa (Pacífico) y Cristóbal (Atlántico).
"La Autoridad Marítima de Panamá (AMP), como ente rector del sector marítimo en Panamá, se pone a entera disposición del Ministerio Público (MP, Fiscalía) y las autoridades competentes para colaborar en las investigaciones correspondientes, ante la denuncia penal presentada por la Contraloría General, relacionada con la auditoría realizada a la empresa Panamá Ports Company", dijo este jueves un comunicado oficial.
La Contraloría explicó que una auditoría que evaluó, entre otros, el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el contrato de concesión y los estados financieros entre enero de 2014 y diciembre de 2024, identificó "posibles irregularidades y hechos que podrían constituir delitos contra la Administración Pública", sin más detalles.
La denuncia penal, agregó la Contraloría en un comunicado difundido en las últimas horas, fue presentada el 17 de noviembre ante la Fiscalía, para que se "investiguen los hechos identificados y determinen si existen responsabilidades de carácter penal"
"La acción incluye a quienes fungieron como miembros principales y suplentes de la Junta Directiva de la Autoridad Marítima de Panamá (AMP) entre 2014 y 2023, así como a quienes ocuparon el cargo de administradores generales de esa institución durante dicho período, y a la sociedad Panama Ports Company, S.A.", agregó.
Tras la anulación de la concesión por orden del Supremo panameño, CK Hutchison presentó demandas arbitrales internacionales que suman 3.500 millones de dólares, según datos de la empresa y de abogados en Panamá de PPC.
El conflicto abrió una etapa de tensión entre Panamá y China, después de que Pekín advirtiera de que defendería los derechos e intereses de sus empresas y de que se dispararan las detenciones de buques con bandera panameña en puertos chinos, situación esta última que ya cesó según las autoridades de Panamá.
El fallo contra la concesión en medio de la presión de EE.UU., que acusó una supuesta influencia de China en el Canal por la presencia de Hutchison en los dos puertos cercanos, y también de Pekín, que impidió que el conglomerado con sede en Hong Kong vendiera a un consorcio liderado por el gestor estadounidense de activos BlackRock unas 40 terminales alrededor del mundo, incluidas las panameñas.