El viceprimer ministro malasio, Ahmad Zahid, informó que el Gabinete había aprobado la propuesta de reasentar a los 10.000 rohinyás "mediante un programa estructurado de capacitación profesional", según un comunicado citado por la agencia Bernama, que no hace mención al fallo de la Corte de Naciones Unidas.
"Este enfoque va más allá de simplemente enviar a los refugiados rohinyás a un tercer país, ya que les brinda la oportunidad de construir una nueva vida a través de un programa de educación y formación técnica y profesional con una duración de entre tres y seis meses", explicó el funcionario.
Kuala Lumpur remarcó que las capacitaciones "se adaptarán a las necesidades específicas de diversos sectores industriales en Turquía", sin entrar en detalles al respecto, al tiempo que consideró la medida un avance en la búsqueda de una solución a largo plazo para esta población.
En octubre, el primer ministro de Malasia, Anwar Ibrahim, recibió en la ciudad de Putrajaya al presidente del Gobierno militar de Birmania, Min Aung Hlaing -el general golpista que lideraba el Ejército cuando tuvo lugar el genocidio-, y le agradeció por haberse comprometido a recibir a 10.000 refugiados rohinyás que serían repatriados.
Anwar también agradeció entonces que el Ejecutivo birmano -conformado por militares que tomaron el poder por un golpe que acabó con un gobierno democrático en 2021- hubiese acogido a unos 1.500 rohinyás que fueron deportados a finales de septiembre pese a la condena de numerosas ONG y de Naciones Unidas.
Ahora, el Gobierno de Malasia cambia de plan un día después de que la CIJ considerase probado que las fuerzas de seguridad birmanas cometieron "asesinatos indiscriminados", separaron y ejecutaron a hombres y perpetraron actos generalizados de violencia sexual durante las operaciones militares de 2017 contra la minoría rohinyá en el oeste del país.
Los jueces concluyeron además que las aldeas rohinyás fueron destruidas sistemáticamente, sustituidas por infraestructuras permanentes y repobladas con personas ajenas a esta comunidad.
Además, determinaron que Birmania incumplió su obligación de impedir que personas que actuaban junto a sus fuerzas de seguridad cometieran genocidio, al igual que su deber de investigar y castigar los crímenes y aprobar la legislación necesaria para aplicar la Convención.