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Grupo Vázquez: firma de seguridad multiplicó negocios

Ayer también se hallaron chalecos y armas dentro del mismo predio de GSR Security.
Ayer también se hallaron chalecos y armas dentro del mismo predio de GSR Security.Archivo, ABC Color

Casi G. 20.000 millones. Es lo que el SNPP –la institución que dicta cursos–se comprometió a pagar a Dobrestec SA por servicios de seguridad privada. La firma operaba con GSR Security y fue allanada en el caso Ueno Bank. En tres años del gobierno de Peña, ganó más dinero público que en los diez anteriores en los que operó dentro del mismo rubro. En 2024, la DNCP la inhabilitó por “incumplimiento contractual y mala fe”, pero el Tribunal de Cuentas suspendió la sanción y luego la anuló. Así siguió sumando millonarios contratos, hasta alcanzar G. 176.623 millones en tres años.

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Dobrestec SA es una empresa de seguridad privada y transporte de valores que opera en el mismo local que la empresa GSR, con la que mantiene contratos. Era la encargada de transportar el dinero de Ueno Bank y apareció en el informe del Banco Central del Paraguay (BCP) por ser una de las firmas que formaron parte de la triangulación de los préstamos a sociedades vinculadas al Grupo Vázquez.

Los registros de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) muestran que Dobrestec también amplió considerablemente su participación en los negocios con el Estado durante el gobierno de Santiago Peña. En el portal público, el actual representante legal es Miguel de María Suárez Álvarez.

Desde agosto de 2023, la firma acumuló 18 adjudicaciones por G. 176.623 millones, entre contratos propios y aquellos obtenidos mediante consorcios. El monto supera los G. 119.696 millones que había conseguido en 41 adjudicaciones durante los diez años anteriores.

El director de esta firma, Fabricio Martín Martínez Appleyard, fue detenido por orden de la Fiscalía tras detectarse un faltante de G. 3.090 millones en la bóveda de la firma. El dinero fue devuelto mediante un cheque luego de los operativos fiscales y policiales. De igual manera, ayer el Juzgado ordenó que cumpla prisión preventiva en el Centro Nacional de Prevenidos (ex-Tacumbú).

Los contratos de la firma de seguridad vinculada al grupo Vázquez en el gobierno de Peña
Los contratos de la firma de seguridad vinculada al grupo Vázquez en el gobierno de Peña

Las licitaciones más altas

El contrato más grande lo firmó el Ministerio del Interior. En diciembre de 2024 adjudicó al Consorcio Track las tobilleras electrónicas por hasta G. 81.332 millones, en un contrato plurianual cuestionado porque su oferta superaba la de otro oferente.

Cuando se adjudicó este contrato, Dobrestec estaba inhabilitada por la DNCP, pero la sanción estaba suspendida por una cautelar.

El consorcio Track lo integran además TSV del Paraguay y Urbis SA. Los representantes ante la DNCP son Eduardo Humberto Tischler Barrios y Pablo Enrique Salinas Bomfim.

El segundo lugar lo ocupa Itaipú Binacional, que este año le adjudicó dos lotes de vigilancia, en Ciudad del Este y en el área del embalse, por G. 32.746 millones.

El tercero llama la atención por quién paga. El Servicio Nacional de Promoción Profesional (SNPP), la institución del Ministerio de Trabajo que forma técnicos y dicta cursos, se comprometió a pagar casi G. 20.000 millones por dos años de guardias en 28 de sus sedes. Con un reajuste y una ampliación, el monto podría llegar a G. 23.311 millones. Esa misma institución ya contrató a la empresa en el 2023, por G. 9.887 millones.

El cuarto contrato es del Ministerio de Obras Públicas: G. 10.880 millones para el transporte y la custodia de los valores de los peajes, a través del Consorcio FortPy, que está integrado además por Valex SA, y representado por Suárez Álvarez y Pablo de Tarso Bernardes Banti.

El quinto mayor lo firmó el Ministerio de Salud Pública: G. 8.133 millones para la vigilancia del Hospital de Coronel Oviedo y del Gran Hospital del Sur.

Sanción suspendida “por prudencia”

El 8 de abril de 2024, la DNCP inhabilitó por seis meses a Paraguay Security, hoy Dobrestec, según su historial de sanciones (DNCP). La sanción alcanzó también a su representante, Jorge Jure Bykov, por incumplimiento de contrato y mala fe (ABC). Ese mismo año, ABC Color reveló que la empresa no había entregado a tiempo 1.500 chalecos antibalas comprados vía UNOPS para el Ministerio del Interior (ABC). La sanción duró 52 días. El 30 de mayo de 2024, el Tribunal de Cuentas, Segunda Sala, la suspendió con una medida cautelar, según el historial de la DNCP.

La empresa se reactivó en el registro de proveedores en junio y siguió compitiendo. En diciembre de ese año, el Consorcio Track, del que forma parte, se quedó con el servicio de tobilleras electrónicas del Ministerio del Interior. Dos meses después, el SNPP también le otorgó contratos.

La sanción volvió a la superficie en 2026. El 23 de abril, la Corte Suprema revocó la cautelar y la inhabilitación volvió a regir; al día siguiente, el Tribunal de Cuentas anuló las resoluciones de la DNCP. El 7 de julio, el mismo tribunal concedió una apelación con efecto suspensivo, y a las 10:27 la DNCP reactivó los 127 días que faltaban. Ese mismo 7 de julio, a las 11:56, se emitió el código de contratación de un servicio de seguridad para el Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral (Sinafocal) a favor de Dobrestec, por G. 4.680 millones. Una semana después, la DNCP volvió a dejar sin efecto la sanción “por prudencia administrativa”, hasta que se pronuncie la Corte Suprema.

Una máquina para fabricar partes de armas

Las autoridades encontraron en la sede de GSR Security (razón social Dobrestec) una máquina capaz de fabricar piezas de armas, y los registros de importación indican quién la trajo. Según el detalle de importación al que accedió ABC, la empresa Precision Armaments Group E.A.S., cuyo representante legal es Henry Edwards, despachó el 29 de octubre pasado una “máquina inyectora de plástico completa con sus accesorios”. Es de la marca Yizumi, modelo UN200A6, número de serie T0200E0462. Los datos coinciden plenamente con las imágenes compartidas en el allanamiento.

Según el registro, el equipo vino de China vía fluvial. Se declaró como “bienes de capital”, en estado nuevo, con un peso de 6.230 kilos, por lo cual en las instalaciones se observa que estaban trabajando para adecuar el piso donde iba a ir la máquina.

Esta máquina podría producir 300 partes de armas por hora, según la Digemabel.
Esta máquina podría producir 300 partes de armas por hora, según la Digemabel.

El general Melanio Servín, director de la Dirección General de Material Bélico (Digemabel), afirmó ayer que “GSR para la Digemabel no existe”. Dijo que nunca supo de la importación y supuso que los equipos se declararon ante Aduanas bajo otro rubro. El documento al cual accedió este diario lo confirma: la máquina entró como inyectora horizontal de plástico de control numérico, una partida que no pasa por Material Bélico.

Se trata de un equipo de doble uso. Según la Digemabel, podría producir 300 partes de arma por hora, además de autopartes o juguetes. La hipótesis de las autoridades es que la máquina iba a fabricar los componentes faltantes para luego armar un arma completa. Por ahora no hay indicios de que se haya producido nada: la máquina estaba nueva, embalada y sin la instalación eléctrica que necesita.

El general Servín señaló que Precision Armaments Group hoy no produce, pero en 2025 fue beneficiado con un contrato de la Policía Nacional por G. 1.100 millones para proveer suministros de seguridad.

Una máquina para fabricar partes de armas
Una máquina para fabricar partes de armas

En otro sector del local, subarrendado a una persona vinculada a la firma Prestige, los investigadores hallaron accesorios y partes de armas. La empresa ligada a ese subarriendo tenía un registro de ensambladora de armas cuya licencia venció hace un mes y que figuraba en otra dirección.

En noviembre de 2023, ya con Santiago Peña en el gobierno, la Dirección de Material Bélico (Dimabel) cerró la importación de partes de armas. Por la Resolución 642/2023, solo pueden traerlas los fabricantes o ensambladores que estaban habilitados antes del 3 de noviembre de ese año. La inyectora que se encontró entró como “bienes de capital”, sin arancel y sin pasar por Digemabel, que ayer anunció que pedirá con urgencia modificar su ley para incluir este tipo de maquinaria bajo control estatal.

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