Las únicas excepciones serán las 901 personas que presentaron certificado consular o quienes lo hagan antes de las elecciones del próximo 29 de noviembre.
La Sala de lo Contencioso tomó esta decisión a la vista de las alegaciones presentadas por Iustitia Europa y el partido ultraderechista Vox, tras un informe del Instituto Nacional de Estadística que redujo de 163.355 a 113.326 los afectados por la suspensión tras percatarse de que en esa cifra había menores, personas duplicadas o quienes, incluso, estaban ya inscritos en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA) con anterioridad a la aprobación de la ley de nietos.
En este sentido, el tribunal dictó una providencia en la que mantiene la suspensión del voto para los 163.355 afectados, incluso aunque ahora vivan en España y figuren inscritos en el Censo de Electores Residentes, algo que no había hecho hasta ahora.
La denominada ley de nietos es una disposición de la Ley de Memoria Democrática que permite optar a la nacionalidad española a hijos y nietos de españoles que sufrieron exilio por razones políticas.
Para su aplicación, el Gobierno español aprobó una instrucción que "presumía" la condición de exiliado a todos los españoles que salieron de España entre 1936, cuando comenzó la guerra civil, y 1955, en plena dictadura del general Francisco Franco.
Iustitia Europa y Vox recurrieron la medida y el Tribunal Supremo dejó en suspenso cautelarmente las altas en el censo electoral de los afectados.
La decisión de hoy ratifica que "ninguna" de las 163.355 personas "puedan figurar como electores en el Censo Electoral, con excepción de las 901 personas que presentaron certificación consular, o cualesquiera otras que, con anterioridad al día de la votación, aporten dicha certificación consular".