Issa, miembro de la coalición Frente de Salvación Nacional, había sido condenada a 18 años de cárcel en el caso 'Complot contra la seguridad del Estado' en abril de 2025, pero continuó en libertad mientras se celebraban las audiencias de apelación, que concluyeron el 28 de noviembre con la ratificación de la pena.
Un día después, la también escritora y periodista fue arrestada frente a numerosos activistas y políticos opositores que participaban en la misma protesta que la detenida.
Organizaciones nacionales e internacionales, como Human Rights Watch, Amnistía Internacional o Abogados sin Fronteras, entre otros, sostuvieron que el proceso contra Issa tiene motivaciones políticas y "carece de imparcialidad".
A pocos días de cumplirse un año del encarcelamiento, asociaciones tunecinas suscribieron un documento mediante el que manifiestan su plena solidaridad con la detenida, en huelga de hambre desde principios de esta semana.
Los movimientos firmantes, entre los que se encuentran la Liga Tunecina para la Defensa de los Derechos Humanos (LTDH) y la Asociación Tunecina de Mujeres Democráticas (ATFD, por sus siglas en francés), señalaron que Issa se enfrenta a "una política basada en la criminalización de la disidencia y el uso del Poder Judicial para excluir opositores y silenciar voces independientes".
"El encarcelamiento de Chaima Issa es parte de una opción política destinada a subyugar a la sociedad, vaciar la vida pública de pluralismo y convertir la actividad política y civil en una necesidad de enjuiciamiento y castigo", destacaron las organizaciones.
Ante esta situación, exigieron su liberación, así como la de "todos los detenidos por sus opiniones y actividades políticas y civiles pacíficas".
Desde que Said -en el poder desde 2019- se arrogara plenos poderes en 2021, diversas entidades y organismos han denunciado un deterioro del clima de libertades y una intensificación de la persecución a la disidencia, con el encarcelamiento de opositores, periodistas y activistas, entre otros.