Caso de Miguel Cuevas también será enviado a Paraguarí

Miguel Cuevas será juzgado en Paraguarí, donde ocurrieron supuestos hechos de enriquecimiento ilícito y lavado.

El juez Miguel Tadeo Fernández también hizo lugar a la excepción de falta de jurisdicción que había planteado el diputado Miguel Cuevas (ANR, Añeteté), con el objetivo de que su caso sea remitido a Paraguarí. Su proceso, al igual que el de su hijo y esposa Nancy Jesús Florentín de Cuevas, irá a los tribunales de la mencionada localidad.

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Pese a la oposición de la Fiscalía, ayer, el juez Fernández emitió la resolución final en la cual hace lugar a excepción presentada por los abogados defensores del diputado Cuevas y su esposa Nancy Florentín. El viernes pasado, el magistrado también decidió hacer lugar al mismo pedido presentado por el hijo del parlamentario imputado, Enzo Cuevas.

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El pasado martes, tras varios aplazamientos, finalmente la Cámara de Diputados desaforó a Miguel Cuevas. Además de estar procesado, Cuevas tiene orden de prisión tras ser imputado por los hechos punibles de enriquecimiento ilícito y declaración falsa. Enzo Cuevas está imputado por los mismos delitos que su padre.

En este proceso también está imputada la esposa de Cuevas, por posible enriquecimiento ilícito en calidad de cómplice y supuesto cobro indebido de honorarios en calidad de autora. Como cómplice aparece Griselda Duarte García (funcionaria de la escuela donde enseñaba la esposa del legislador).

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El fiscal Luis Piñánez anunció que está trabajando en la apelación que presentará por la decisión del juez Miguel Tadeo Fernández de enviar la causa a Paraguarí. Para el agente del Ministerio Público los supuestos hechos punibles fueron cometidos también en Asunción, aunque la mayoría de los bienes están en la ciudad de Sapucái.

Cuevas ocupó cargos como intendente de la mencionada ciudad en los periodos 1996 a 2001 y 2010 a 2012; funcionario de la ANNP del 2003 a 2010 y gobernador del departamento de Paraguarí en el periodo 2013 a 2017. Según los datos que se manejan, son G. 1.705 millones que no pueden justificar legalmente según el Ministerio Público.

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