La iniciativa, aprobada en general por la Cámara Baja con 64 votos, plantea que a los gestores combatientes del golpe del 2 y 3 de febrero de 1989 se los indemnice con 2.000 jornales mínimos (G. 168.680.000) y a los herederos con 3.000 jornales mínimos (G. 253.020.000).
El documento también establece las documentaciones requeridas para las gestiones correspondientes, según informó el periodista de ABC Cardinal Edgardo Romero. Los datos deberán ser proveídos por el Ministerio de Defensa Nacional y la Procuraduría General de la Nación para saber quiénes son los combatientes que derrocaron la dictadura del Gral. Alfredo Stroessner.
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La iniciativa abarca a los uniformados de las Unidades de las Fuerzas Armadas Paraguayas y de las Fuerzas Policiales, “que obligatoriamente perdieron o expusieron sus vidas en combates armados (...) o hayan sido dados de baja sin haber percibido ningún tipo de indemnización o resarcimiento", señala el proyecto.
Cerca de las 12:00 de este miércoles, los parlamentarios resolvieron que la indemnización se realizará una sola vez. El proyecto ahora pasa a la Cámara de Senadores para su estudio.
La actual iniciativa fue presentada por diputados liberales y colorados, entre ellos Juan Carlos Galaverna, Walter Harms, Hugo Ibarra, Jazmín Narváez, Ulises Quintana, Sergio Rojas, Salustiano Salinas, Colym Soroka y Blanca Vargas.
El texto señala que “la solicitud de indemnización se deberá realizar individualmente y personalmente o por apoderado debidamente acreditado ante el Ministerio de Defensa Nacional o el Ministerio del Interior, que a su vez deberá remitir dentro del plazo de 30 hábiles contados a partir de la presentación del recurrente, al procurador general de la República, quien resolverá sobre la calificación e indemnización correspondiente en el plazo de 15 hábiles. Al efecto, los solicitantes tendrán un plazo de 120 días a partir de la promulgación de esta ley para la presentación del reclamo correspondiente”, especifica.
Cabe resaltar que el año pasado la indemnización a los combatientes del golpe del 2 y 3 de febrero del ’89 había sido ya aprobada en el Congreso pero vetada por el Ejecutivo y la Cámara Alta no logró reunir la cantidad de votos para lograr rechazar esta decisión.
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