Zacarías se presenta con un “batallón” de abogados en su audiencia

El senador Javier Zacarías Irún (ANR, cartista), imputado por supuesta lesión de confianza en carácter de instigador, llega esta mañana a la audiencia de imposición de medidas ante la jueza Cinthia Garcete.

CIUDAD DEL ESTE. El senador Javier Zacarías Irún (ANR, cartista), imputado como supuesto instigador del saqueo a las arcas de la Municipalidad de Ciudad del Este, se presentó esta mañana con un “batallón” de abogados para su audiencia en el juzgado. La Fiscalía pide la prisión preventiva del legislador cartista por obstrucción a la investigación.

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Tras casi 10 meses de trabar la audiencia con chicanas, esta mañana finalmente se presentó Zacarías Irún en el Juzgado Penal de Garantías Nº 5 de Ciudad del Este, a cargo de Cinthia Garcete, para su audiencia de imposición de medidas. El senador llegó acompañado de sus tres abogados: Ricardo Preda, Julián Benítez y Cristhian Cabral.

Zacarías Irún es el primero de los 10 imputados en la causa 13/2019, caratulada: “Sandra María McLeod de Zacarías y otros s/ Lesión de confianza”, más conocida como caso Frontera Producciones, en presentarse a la audiencia. Los otros trabaron la diligencia judicial con una serie de chicanas.

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En la misma causa también están procesados los ex intendentes esteños Sandra McLeod de Zacarías (ANR, cartista) y Alberto Rodríguez (ANR, cartista), además, del exdirector de Finanzas de la Comuna David Espínola, el exjefe de Prensa Juan Sanabria; el locutor Carlos Bordón Bottino, dueño de Frontera Producciones, firma empleada en el esquema de desvío de recursos municipales; Dora Rojas Espínola, exfuncionaria de la Municipalidad, y otras tres personas vinculadas a otras empresas de portafolio.

Según la imputación fiscal, durante la gestión de McLeod de Zacarías y Rodríguez se habría desviado G. 2.174 millones de los rubros publicitarios de la Comuna para destinar a la campaña electoral de los miembros del clan político en 2015 y 2017.

La pareja Zacarías-McLeod también soporta otro proceso penal por supuestamente ocultar sus bienes de la Contraloría General de la República.

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