La rúbrica de este trascendental documento marcaba el inicio de la construcción de la represa hidroeléctrica con mayor capacidad de producción de energía del mundo. “Sus bases, iniciadas con el Acta de Foz de Iguazú de 1966, presagiaban buenas perspectivas para los intereses del Brasil y el Paraguay, más este antecedente fue revertido con el documento final de 1973 pues, uno de los socios, nuestro país, perdía brutalmente dos aspectos fundamentales como lo son una verdadera disponibilidad del cincuenta por ciento de la producción total y el uso soberano de éste, así como un precio justo por la energía no utilizada y cedida al país vecino”, señala el documento emitido por la conducción de la Campaña “Itaipú 2023, Causa Nacional”.
Recuerdan que el contexto de dictaduras militares en el que fue suscrito el Tratado de Itaipú conllevó el hermetismo entre las naciones negociantes y fue claro que el gobierno del dictador paraguayo Alfredo Stroessner cedió ante las pretensiones brasileras.
“Fue, sin lugar a dudas, una postura entreguista, con consecuencias nefastas para el país con menor desarrollo, generando una situación de inequidad, al punto de que, contrario hasta al propio sentido común, el socio de menores condiciones fue utilizado para subvencionar el crecimiento del socio más poderoso, dejando clara una situación de subordinación que, en su mayor parte, prevalece hasta hoy día”, añaden.
Indican que la pretensión del presidente, Mario Abdo Benítez, y el de su par brasileño, Jair Bolsonaro, de “adelantar” la revisión del Anexo C del Tratado no es sino la continuidad “de una política entreguista de nuestro Ejecutivo, a cambio de migajas en infraestructura (dos puentes) y otros intereses no abiertamente confesados, incluida la posibilidad de la corrupción”.
Por otra parte, Cecilia Vuik, Ricardo Canese, Esteban Montania y Mercedes Canese, entre otros líderes sociales y sindicales que conforman la conducción de la referida campaña, manifiestan que el equipo negociador designado por el Ejecutivo es, a todas luces, la ratificación plena de esta presunción. “Ninguno de sus integrantes ha expuesto posiciones favorables a los verdaderos y auténticos intereses nacionales, como lo es la soberanía plena del Paraguay en el uso de sus recursos, que conlleva la implementación plena de la libre disponibilidad, con la posibilidad de venta a terceros países, así como un precio justo ante la eventualidad de venta de la energía excedente al Brasil”, dicen.
Resaltan que el grupo designado por Abdo Benítez, además, se mueve en el más absoluto secretismo en cuanto a sus objetivos trazados, en la misma línea presidencial. “Todo nos indica que, pese a ello, el rasgo característico está en la línea del acuerdo secreto de mayo del 2019, repudiado por amplios segmentos de la ciudadanía paraguaya”, mencionan.
Finalmente, este grupo organizado de la sociedad civil exige claridad por parte del Ejecutivo, al tiempo de afirmar que el secretismo es, en estos tiempos, hasta una falta de lesa patria. “Las organizaciones que conformamos la campaña, reclamamos transparencia, participación y una verdadera agenda de defensa de los intereses del Paraguay. Cualquier vía contraria a esta ameritará la promoción de un juicio político, tanto al presidente de la República como al vicepresidente”, concluye.