El argumento en que se basan para otorgar jugosos plus a los efectivos militares que trabajan en estos centros financieros tiene que ver, en teoría, con la enorme responsabilidad que implican sus trabajos, pues son los encargados del asesoramiento en la administración presupuestaria de las Fuerzas Armadas, según indica el decreto número 7.700 del año 2000.
En medio de este escenario de crisis sanitaria y económica por la pandemia del COVID-19, este hecho que muchos militares y sus familiares consideran una injusticia de años, pero que no pueden denunciar por el carácter verticalista de sus cargos, hoy salta nuevamente al tapete. El motivo es que los denunciantes, en su mayoría familiares de los militares, consideran que no se puede tolerar un derroche de dinero en este momento tan difícil para la salud del país.
Inequidades sin respetar jerarquías
Una fuente a la que accedió ABC afirma que las inequidades se dan en todos los estamentos, sin tenerse en cuenta ni las jerarquías, ni los cargos, ni mucho menos la antigüedad. Según este militar, en las Fuerzas Militares priman el amiguismo y la pertenencia a la “rosca de amigos”.
“Amparados en decretos y leyes crearon los centros financieros como forma de facturar legal, pero ilegítimamente”, relató el entrevistado, a quien se le preserva la identidad.
“El descontento actual en las FFAA se genera porque no existe equidad en los salarios como establecen las leyes en las FFAA con respecto a los años de antigüedad y los grados. Estos se establecen por la LEY Nº 4.493/11 que asigna los montos de sueldos básicos y otras remuneraciones de los integrantes de las fuerzas públicas y militares”, detalló.
Continuó contando que, sin embargo, hay reparticiones castrenses en las cuales no se respetan los años ni las responsabilidades en los cargos, “como ellos justifican para robar dentro de las Fuerzas Armadas”. Por ejemplo, un administrador o intendente girador gana más que su propio comandante, motivo por el cual se crean situaciones incómodas. A esos puestos solamente se puede acceder por padrinazgo o por algún tipo de recomendación o peso. “Entonces, si no sos parte de la rosca, no accedés a los beneficios y se alimenta el descontento y la falta de igualdad salarial”, lamentó el denunciante.
No pueden hablar
Por medio de esa bonificación exagerada que los militares de los centros financieros se autootorgaron legalmente, “pero ilegítimamente”, dice nuestra fuente, se produce el descontento. Pero esta insatisfacción se contrapone con la imposibilidad que tienen los militares de manifestar denuncias, por el carácter verticalista de su carrera.
“Corremos muchos riesgos al hablar. Esto se manifiesta ahora porque vimos que en otras instituciones del Estado se han ajustado los cinturones para asignar descuentos a salarios y redestinarlos a Salud en esta emergencia por el coronavirus. Sale a la luz ahora porque ahora justamente al salir todos estos derroches en las diferentes instituciones del Estado, sumados a la situación económica que vive el país debido al COVID-19, los afectados se animaron a revelar el hecho dentro de las FFAA”, mencionó nuestra fuente.
La exposición sanitaria no se reconoce
Agregó que incluso hay casos en los que oficiales con menos de nueve años de antigüedad tienen mayores ingresos que oficiales con más de 30 años de antigüedad y con mayor responsabilidad en el cargo. “También ocurre que personal militar administrativo aparentemente tiene mayor responsabilidad que un personal combatiente, que en muchos casos es responsable de la vida de los subordinados, por ejemplo, en zonas fronterizas, entrenamientos con armamentos y responsabilidades varias. Y en este contexto más aún que el personal militar se expone atendiendo a las personas que fueron repatriadas y guardan cuarentena en los establecimientos militares, sabiendo que existen también casos positivos”, recalcó nuestra fuente.
“Estamos para ayudar a la población para eso nos formamos, pero sucede que algunos se arriesgan y otros son los que se embolsillan el dinero del pueblo”, criticó el entrevistado.
Desigualdad en cifras
A modo de ejemplo, viendo la planilla de pagos de Noviembre de 2019 del Ministerio de Hacienda correspondiente a un coronel de intendencia del Ejército con 24 años y un mes de antigüedad (Carlos Alberto Insfrán Centurión) administrativo, observamos que cuenta con un salario de G. 34.139.121. Otro nombre seleccionado al azar, como el de Marcial Egusquiza Rojas, nos permite ver que percibe un salario de G. 33.768.954 como administrativo de estos centros financieros. Sin embargo, un comandante de Cuerpo de Ejército, como el general de División Odón Crispín Riquelme Acuña, percibe un salario de G. 16.182.618. A las claras se nota que este último tiene mayor responsabilidad en manejo de personal y bienes, sin embargo, los anteriormente mencionados trabajan desde las oficinas sin mayor riesgo que “equivocarse” en unos números.
Otro ejemplo, el general de División Óscar Javier Gómez Coronel, comandante del CIMEE, percibe un salario de G. 23.182.618, mientras que su intendente girador, el coronel Bernardo Manuel Morínigo Urízar, percibe G. 26.880.818.
En el extremo de los casos están los oficiales superiores que han “colocado” a sus parientes de menor grado en puestos de giradores para tener la posibilidad de facturar más. A saber, Óscar Diego Maidana Adorno, hijo del general SR Oscar Maidana, Teniente Primero con diez años de antigüedad, percibe un salario de G. 18.203.767. Otro caso extremo es el del subteniente Osvaldo Oscar Andrés Solís Pereira, subteniente con meses de antigüedad con un salario de G. 12.646.029, cuando el promedio de salario de un coronel, por ejemplo, ronda los G. 9.000.000 y monedas, aproximadamente.
Disputas internas
Otra cuestión que genera estas inequidades son las peleas internas para acceder a estos cargos, generando así que los otros puestos claves en los que realmente se necesitan efectivos a nivel de defensa y estrategia, queden de lado por la disputa económica. La problemática también se traslada a la elección de las armas en la Academia Militar, ya que todos desean elegir el arma de Intendencia dentro de la Marina, la Fuerza Aérea y el Ejército, arma desde la cual se hace carrera para las posteriores autoasignaciones siderales.
“Hay groseras desigualdades dentro de las FFAA en cuanto al salario que reciben. Uno de menor jerarquía nunca debería de ganar más que alguien de mayor jerarquía como está pasando ahora. Un Teniente Primero gana más que un general, o que entre dos generales de brigada uno gane el doble que el otro. Son verdades demostradas con documento, no son habladurías y no veo que esté mal que hablemos de esas cosas que deben ser ajustadas”, finalizó nuestra fuente.
Piden reestructuración más justa
Nelly Cortesi, presidenta de la Coordinadora de Familiares de las Fuerzas Públicas, comentó a ABC que así como el Gobierno realizó recortes en instituciones como Itaipú e igualó los salarios, consideran que sería oportuna una reestructuración que implique un ahorro en el presupuesto de las Fuerzas Armadas, sobre todo teniendo en cuenta que el personal militar que percibe estos generosos plus en los centros financieros es administrativo y ni siquiera está asistiendo actualmente a las oficinas por la cuarentena sanitaria.
Mientras tanto, reclamó Cortesi, los efectivos militares “menos favorecidos” son los que están en la calle, montando retenes de control y exponiéndose al contagio del nuevo coronavirus, sin obtener ningún plus para compensar el riesgo sanitario.
Cortesi considera que estos son los efectivos militares que realmente deberían estar percibiendo algún ingreso extra, teniendo en cuenta el contexto actual.
Por otro lado, la presidenta de la Coordinadora lamenta que esta diferencia salarial desmoralice incluso al personal de alto rango, como los generales, que, siendo las autoridades máximas de las unidades, ven cómo sus ingresos terminan siendo mucho menores que los de militares con menor rango, pero que trabajan para estos centros financieros.
Amparados en la ley
El argumento en el que se sostienen, amparados en la ley, es que estos pagos por responsabilidad en el cargo se efectúan para evitar que los funcionarios que trabajan en la administración del dinero de las Fuerzas Militares caigan en la corrupción.
“La ley les ampara, les da los beneficios, pero es grosero y exagerado. Le hicimos el pedido al ministro para que los operativos que están en las calles también tengan una ampliación en sus ingresos. Nos dijo que ya hizo el pedido, pero no se le siente como ministro”, comentó Nelly Cortesi. Además, criticó el argumento que usan para solapar los jugosos ingresos extra. “No hace falta que se les pague para no ser corruptos”, repudió.
Pidió que la Fiscalía General del Estado intervenga en esta situación y que se persiga la corrupción, no dejando el caso al arbitrio de la Justicia Militar, que siempre se investiga a sí misma. “La Fiscalía se puede involucrar, puede intervenir cuando hay un hecho de sospecha de corrupción. El fiscal Javier Díaz Verón siempre nos hizo imposible el trabajo”, recordó.
Eluden responder
Acudimos al director de Comunicación Social de las Fuerzas Armadas, Coronel Víctor Urdapilleta, para obtener una versión oficial de la institución sobre la denuncia, pero este nos indicó que no podría proporcionarnos los datos, y que para obtener información relacionada a salarios debíamos realizar un pedido formal en línea a la Oficina de Información Pública y Transparencia Gubernamental.