En la solicitud de rectificación que presentó el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) el 5 de junio último, ante el tribunal del primer arbitraje internacional “ad hoc” al que recurrió la empresa portuguesa Mota Engil, la secretaría de Estado denunció una llamativa colaboración entre dicha excontratista del fracasado metrobús y la firma Royal Seguros, aseguradora a cargo de la garantía de cumplimiento del contrato.
De acuerdo con los documentos del proceso a los que accedió nuestro diario, el MOPC alegó que dicha colaboración se estaría produciendo para “crear indebidamente presiones políticas sobre la institución” y que dicha “alianza” es “evidente” para que Mota Engil pueda publicar en la prensa las órdenes del tribunal.
En este sentido, se manifestó respecto a la publicación de un comunicado de prensa del 22 de mayo pasado, donde Royal informó que habían realizado un “pago por consignación de la garantía de cumplimiento (por US$ 6,4 millones)”, que a criterio de Obras Públicas se trata de una “cortina de humo”. La cartera señaló que “no cree que Royal Seguros haya hecho un depósito, sino que esto es simplemente una declaración falsa destinada a “inflamar la situación”.
De acuerdo con el escrito remitido al Tribunal, esa complicidad sería notoria “debido a que las autoridades del MOPC y la Procuraduría no han sido notificadas sobre dicho pago”.
Para el MOPC y la Procuraduría, según los documentos, queda claro que con el supuesto pago que realizó Royal, se habría buscado darle a Mota Engil la oportunidad de alegar que el Estado Paraguayo incumplió con las disposiciones del Tribunal, que se ratificó en no ejecutar las pólizas.
Postura de Mota Engil y del Tribunal
En su descargo a la denuncia del MOPC ante el Tribunal, Mota Engil señaló que las acusaciones de la alianza con Royal son “simplemente una fantasía del MOPC y una distorsión completa de la realidad”.
La constructora portuguesa argumentó que de ningún modo habría pactado con Royal Seguros SA la ejecución de la garantía de cumplimiento y que tal pacto carecería de sentido.
A su turno, sobre las alegaciones del MOPC referidas a una posible colusión entre Royal y Mota, el Tribunal indicó que no le consta que ello haya sucedido y considera que “no hay en el expediente evidencia al respecto”.
Por este motivo, se ordenó al MOPC desistir de la ejecución de todas las garantías vigentes del metrobús (que en total suman US$ 13 millones, tanto de Royal como del banco Itaú).
Intentamos tener la versión del procurador Sergio Coscia, quien lidera la defensa del MOPC en este arbitraje con sede en Asunción, pero no respondió ayer las consultas hasta el cierre de esta edición.