La Cámara Paraguaya de la Construcción (Capaco) pidió al presidente de la República, Mario Abdo Benítez, que como parte del plan de reactivación económica realice una serie de modificaciones en los procesos del Ministerio de Urbanismo y Vivienda (MUVH), cuyo titular es Dany Durand. Esto, teniendo en cuenta que la edificación de casas es clave para la generación de fuentes de empleo (temporales).
El presidente del gremio, José Luis Heisecke, reconoció la legalidad del sistema de ejecución del programa del Fondo Nacional de Viviendas (Fonavis), sin embargo, cuestionó que el 90% de las viviendas sociales encaradas por la actual administración del MUVH son erigidas mediante una “adjudicación directa solapada”.
La normativa establece la designación de los Servicios de Asistencia Técnica (SAT), los cuales reciben los recursos públicos y contratan a las constructoras de una lista de elegibles habilitadas por el MUVH, sin concurso ni mecanismo alguno que permitan un acompañamiento y control ciudadano.
“No estamos de acuerdo que los SAT tengan el poder discrecional de adjudicar la construcción de viviendas por el solo hecho de que supuestas empresas constructoras están inscriptas en una lista”, afirmó.
Añadió que solicitó a la institución la lista de los SAT adjudicados para el manejo de proyectos así como los de las empresas constructoras beneficiadas para su ejecución y hasta ahora aguarda la respuesta. “Es notable el apego que el MUVH demuestra hacia los procesos de contratación abreviados y su resistencia a transparentar los resultados de los mismos”, reflexionó.
Indicó que en estos momentos de crisis económica urge posibilitar la participación de empresas en los procesos del Estado, y solicitó que no se licite más “megaproyectos” con escaso margen de preparación de ofertas alegando urgencia.
Este último, en alusión a la construcción de 600 viviendas en el barrio San Blas de Mariano Roque Alonso, que está a cargo del Consorcio Itay, integrado por la empresa Civsa (de Isacio Vallejos) y Tecnoedil (encabezada por Rolando Ríos Tómboly), que empezó pese a que la adjudicación sigue investigando Contraloría y que costará G. 82.000 millones.
Heisecke sugirió que si el objetivo es abreviar los plazos, entonces que se inicien sin demora los llamados a licitación de casas en el marco de la Ley N° 2051 y posibilite la participación de todo tipo de firmas constructoras del país bajo la modalidad “Ad Referendum”, la cual es utilizada por diversas instituciones.
El presidente de la Asociación de Profesionales de la Construcción (Aprocons), Luis Caló, coincidió en la postura de Capaco y agregó que su gremio no acompaña un aumento del presupuesto al MUVH mientras no exista transparencia. Recordó que desde hace tiempo reclaman mayor transparencia del programa, puesto que para su desarrollo se utiliza dinero obtenido del pago de los tributos de la ciudadanía, por lo tanto, también debe existir claridad en su gestión.
Por su parte, Luis Fleytas Bogarín, representante de las firmas del rubro nucleadas en la Unión Industrial Paraguaya (UIP), afirmó que los empresarios coinciden en efectuar públicamente la protesta por la falta de transparencia y el manejo discrecional de los proyectos de esa cartera estatal.