La audiencia pública sobre el proyecto para la creación de la Sinacare y la Dirección Nacional de Catastro y Registros Públicos (Dinacare) fue impulsada por la bancada del Frente Guasu y duró más de cuatro horas.
Los senadores colorados Enrique Riera, Óscar Salomón y Arnaldo Franco, los liberales Abel González y Hermelinda Alvarenga y el patriaqueridista Fidel Zavala son los proyectistas.
Los notarios públicos, el Colegio de Escribanos, a través de su titular Roberto Escobar, la Coordinadora Nacional de Usuarios del Catastro consideraron que el proyecto es inconstitucional e inoportuno, sin tener previamente realizado un catastro nacional.
La escribana Ana María Manuela dijo que el proyecto viola artículos de la Constitución, ya que otorga “superpoderes” a una institución y dispone que no se podrá presentar ante la Corte recursos de inconstitucionalidad.
Estos sectores pidieron el rechazo del proyecto y fortalecer y potenciar a organismos existentes para que realicen el catastro nacional.
Esta postura molestó al senador Enrique Riera, proyectista, quien destacó que se trata de un trabajo de hace muchos años y que no significará dejar sin trabajo a escribanos ni notarios, a quienes acusó de no querer trabajar para una modernización necesaria y resolver uno de los grandes problemas en nuestro país.
Organizaciones de sin techos, de derechos de los indígenas cuestionaron no haber sido consultados para la elaboración de la propuesta.
Adriana Agüero, de la organización Tierra Viva dijo que el proyecto trata el problema de la tierra como si solo fuese un caos administrativo sin mencionar que es un problema también de falta de equidad social.
María Luisa Duarte, del pueblo indígena Ache, confirmó que no fueron consultados y destacó que el tema de la tierra para los pueblos indígenas no es una cuestión económica simplemente y que tiene que ver con sus vidas.
Luis Rojas, del Centro de Estudios Heñoi, indicó que la propuesta no contempla la función social que cumple la tierra para la gente y la trata desde un punto de vista exclusivamente económico si tener en cuenta el aspecto la sustentabilidad ni proteger a los sectores más vulnerables de la ciudadanía.
Objetivos del proyecto de ley
Los objetivos generales del proyecto son “el uso eficiente del recurso de la tierra y brindar las bases para un mejor ordenamiento territorial del Paraguay, otorgándole seguridad jurídica a la tenencia de la tierra”. También habla de objetivos específicos como “fortalecer la seguridad jurídica de los títulos de propiedad de los inmuebles, reducir las barreras para la inscripción de transacciones en el Registro de Inmuebles y formalizar, actualizar y mantener registros catastrales confiables en el país”.