El magistrado tiene que resolver el amparo constitucional presentado esta semana por los abogados del periodista de ABC Color Juan Carlos Lezcano.
Nuestro compañero de trabajo solicitó a través de un pedido de acceso a la información que se liberen absolutamente todas las declaraciones juradas de bienes y rentas presentadas ante la CGR desde 1992.
El pedido se basó en la histórica resolución de la Corte Suprema de Justicia que el pasado 11 de junio rechazó una acción de inconstitucionalidad planteada por el excontralor Enrique García para no dar a conocer esos documentos.
En esa oportunidad, la máxima instancia judicial ha ratificado dos sentencias previas en las que se ordenaba la publicidad de las declaraciones juradas de quienes ocuparon los más altos cargos de la República entre 1998 y 2017.
De esta manera, la Corte determinó a favor de nuestro compañero de tareas, quien basado en ese precedente y atendiendo que la máxima instancia judicial reconoció la constitucionalidad del pedido anterior, presentó un nuevo pedido para que se liberen los documentos.
Se debe conocer conducta
Durante la sesión de la Corte Suprema del 11 de junio, el ministro Manuel Ramírez Candia señaló que “el conocimiento de la conducta privada de los funcionarios públicos es de relevancia para valorar su idoneidad técnica o moral y para el efecto debe proveer toda información sobre su actividad para facilitar el control ciudadano”.
Prometió entregar
El contralor general de la República, Camilo Benítez, dijo que no puede publicar las declaraciones juradas de bienes de las autoridades y políticos, desde el 2018 hasta la fecha, porque todavía no son públicas, sino que requieren de una orden judicial como ocurrió en aquellas de 1998 a 2017 y que con ello liberará las DD.JJ.