La diputada opositora señaló que existe una clara unión entre la sanción a su colega Celeste Amarilla y a las querellas penales presentadas contra periodistas.
“Debemos avanzar en la idea de la despenalización de la calumnia, difamación e injuria. A nivel regional y también europeo esta figura no existe dentro del ámbito penal. Hay acuerdos internacionales y fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que hablan de esta situación”, señaló González en conversación con ABC Color.
“Estamos en una instancia tribal todavía con respecto a la penalización”, dijo la diputada cuando se le consultó su opinión sobre las querellas penales planteadas por el exsenador Dionisio Amarilla y la exviceministra de Tributación, Marta González Ayala, contra el periodista de ABC Color Juan Carlos Lezcano.
González querelló además a la directora de nuestro diario, Natalia Zuccolillo.
“No es que no existe la figura de la difamación, sino que va por el lado civil, donde las consecuencias son otras y no afectan a la libertad. No se puede criminalizar el pensamiento”, explicó.
“Es el derecho penal que se utiliza como garrote. Nadie se quiere ir a la cárcel. Es claro que esta práctica es una forma de atentar contra la libertad de prensa”, acotó.
Violaciones a libertades
Kattya señaló que existe un claro relacionamiento entre la utilización del derecho penal contra periodistas y la sanción a su colega por parte de la mayoría colorada, el mismo sector del que provienen las acciones contra comunicadores.
“No se trata de un hecho aislado sino de una nefasta secuencia de actos de poder que vienen atentando contra varias libertades fundamentales de la democracia constitucional, ameritan que la discusión se encamine y se coloque en el orden de prioridad que merece, pues está claro que la mediocre clase política mayoritaria viene por todo y además, esta vez tienen un plan”, señaló la diputada por el departamento Central.
“Lo grave del caso es que la alianza o mejor dicho, el contubernio, ha trascendido la Cámara de la desvergüenza. El ensañamiento del Ministerio Público persiguiendo a ciudadanos por ejercitar su constitucional derecho a la protesta, la actitud complaciente del Poder Ejecutivo con aquellos funcionarios claramente comprometidos con las compras irregulares de insumos durante la emergencia sanitaria”, recordó la legisladora.