Ante los rumores y las denuncias que corrieron en redes sociales, la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas realizó una verificación y confirmó que Natalicio Chase, actual titular de la Essap, figura como representante legal de la empresa Jónica SA. Esta firma fue recientemente adjudicada por el MOPC para el mantenimiento de caminos por un valor de G. 8.000 millones.
Estos datos fueron confirmados por Pablo Seitz, titular de Contrataciones. El mismo indicó que en la web de su institución Chase todavía figura como representante legal pese a ocupar un cargo de gran relevancia en el Gobierno.
El titular de Contrataciones indicó que Chase no firma el contrato que está cargado en el portal de la DNCP, pero recalcó que sí aparece en la base de datos todavía como representante legal.
Seitz recordó que la ley de la función pública prohíbe a los funcionarios públicos en su artículo 60 representar, administrar, dirigir, asesorar, llevar adelante cualquier acción directa al frente de empresas que tengan concesiones o sean proveedores o contratistas del Estado
Por ese motivo, solicitaron un informe a la empresa para verificar “si dejó de actualizar nomás sus datos” en el portal de proveedores del Estado y al MOPC que remita la copia de la oferta presentada por Jónica y de los poderes de representación presentados por la empresa para la licitación.
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El titular de Contrataciones resaltó que en todos los casos de posible incompatibilidad de las empresas se analizan las concesiones otorgadas desde el momento en que los funcionarios asumieron el cargo, para verificar si podría o no haber existido intervención por parte del empleado público.
Seitz aclaró que deben considerar varios puntos para analizar la imposibilidad del Estado para contratar a una firma cuyo representante principal forma parte del Gabinete y no solo tendrán en cuenta la respuesta de la empresa.
Aseguró que para mañana el Ministerio de Obras Públicas ya tendría que enviar alguna respuesta al pedido de informe y así se confirmaría la participación real de Chase dentro de la empresa y también del contrato.
Por otra parte, resaltó que actualmente no existe incompatibilidad legal para que los funcionarios públicos sean accionistas de empresas proveedoras del Estado, siempre y cuando la firma en cuestión no sea contratada por la institución pública en la cual el accionista ejerce su cargo.
Siguiendo con el tema de las incompatibilidades, resaltó que actualmente hay una “laguna peligrosa” en la ley de Contrataciones que no impide que autoridades electorales sean propietarias o accionistas de empresas proveedoras del Estado, pese a que ocupan cargos de mucha relevancia.
Por ese motivo, agregó Seitz, espera que el nuevo proyecto de ley a ser presentado próximamente sea aprobado lo más pronto posible por ambas Cámaras.
La propuesta de modificación incorporará a los funcionarios que ocupan cargos electivos, como senadores y diputados, y amplía la imposibilidad de que estos o sus empresas provean al Estado. “Hay muchos puntos sumamente importantes para la transparencia y uno de los puntos es un régimen mucho más claro de inhabilidades e incompatibilidades”, consideró.
El director de la DNCP contó que el proyecto está siendo analizado por Hacienda, que deberá confirmar que está en condiciones para ser remitido al Poder Legislativo.
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“Mantenimientos de oro”
Esta mañana también surgió una denuncia realizada por el diputado nacional Carlos Rejala en contra de la administración de Chase. El parlamentario asegura que en marzo de este año, en pleno inicio de la pandemia del nuevo coronavirus, la Essap adjudicó G. 3.600 millones al “Taller RC” para el mantenimiento de vehículos. El propietario de esa firma es Crispín Ruffinelli.
Según Rejala, unos G. 1.957 millones fueron desembolsados y al verificar los detalles de cada supuesto trabajo realizado se detectan sobrecostos muy llamativos que Rejala califica de “astronómicos”.
Por ejemplo, mencionó que para reparar un vehículo Fort año 1998 modelo 14.000, se pagó más de G. 366 millones, pese a que el precio actual de dicho rodado actualmente es de apenas G. 38 millones.
Rejala también cuenta que la Essap pagó G. 377 millones para la reparación de un Ford cargo del año 2007 que, según él, actualmente uno usado se puede adquirir por G. 58 millones. Asimismo, detectaron otras reparaciones cuyos costos son mucho más elevados que el precio del mismo rodado nuevo en el mercado.
Rejala resaltó que se deben auditar todos los trabajos realizados para verificar si el “mantenimiento de oro” hizo que los vehículos estén en funcionamiento.
“Si con todas estas denuncias, el presidente Marito Abdo le mantiene en el cargo al presidente de la Essap, Natalicio Chase, es porque evidentemente tenía su bendición y sabía esto. Basta de sobrefacturaciones. Se terminó el carnaval con la plata pública, señores”, finaliza Rejala a través de su cuenta de Twitter.