El caso se remonta a más de 15 años, cuando Juan José Romero Quiñónez y su familia de la comunidad de Ko’é Pytã, distrito de Liberación, firmaron un pagaré por G. 8 millones al abogado Juan Carlos Britos en concepto de honorarios profesionales en una causa judicial que afrontaba un miembro de la familia. Según el abogado, esa cuenta nunca se cubrió, por lo que llevó a juicio ejecutivo el pagaré y con esa acción logró llevar a remate el inmueble de 20 hectáreas, valuado actualmente en más de G. 500 millones.
Juan José Romero afirmó que llegaron a pagar todo al abogado, pero el letrado no devolvió el pagaré y ni siquiera concluyó el caso judicial para el cual fue contratado y que, luego de abonar los G. 8 millones, la familia recurrió a la Defensoría para concluir el problema judicial del familiar en aquel tiempo.
De esta situación se desprendió todo el calvario de la familia, pues afirma que cuenta con el título del inmueble de 20 hectáreas y nunca fue notificada ni participó de ningún caso que afecte a su inmueble, pero, inexplicablemente para las víctimas, el inmueble fue rematado.
El abogado, mediante artimañas judiciales, consiguió quedarse con el inmueble y desalojó a la familia, pero tras el desalojo esta volvió a ingresar en las tierras que asegura le pertenece y allí el letrado la denunció por invasión.
Ya no son invasores
En el caso de invasión, que se llevó a juicio oral y público en San Pedro de Ycuamandyyú, el defensor público Cesar Ortega informó que tras una larga lucha y luego de demostrar ante el tribunal que los denunciados son en realidad víctimas, los jueces declararon libre de culpa y pena a los denunciados; es decir, ya no son invasores y ahora deben comenzar con otra batalla judicial para deshacer el remate que benefició al letrado.
El caso movilizó a familiares, vecinos y representantes de diversas organizaciones que reaccionaron al considerar el caso una gran injusticia social. En apoyo a la familia víctima, incluso la Municipalidad de Liberación declaró de interés distrital el caso y acompañó el desarrollo del juicio oral. Igualmente, la Iglesia católica observó y siguió de cerca la situación.
Con la sentencia del tribunal se celebra el caso como producto de una lucha, de solidaridad y de sana rebeldía ante el hecho de una injusticia que se planteó desde el Poder Judicial.