El entorno del presidente Abdo Benítez hizo drásticos cambios en su negociación de la cuestionada deuda de Petropar con la venezolana PDVSA.
El 21 de febrero de 2019, la entonces ministra asesora jurídica del Poder Ejecutivo, Mónica Seifart de Martínez Vierci, remitió al entonces procurador general de la República, Sergio Coscia, una nota en la que hablaba de la deuda con la petrolera estatal venezolana.
La nota Nº 85 solicitaba el parecer de Coscia sobre la posibilidad de pagar la obligación monetaria a través del suministro de comestibles.
En ese momento, la República Bolivariana atravesaba por niveles históricos de desabastecimiento, en medio de las disputas del régimen de Nicolás Maduro con el opositor Juan Guaidó, proclamado por el Congreso de ese país caribeño como presidente encargado.
Un mes después, en marzo del año antepasado, la discusión sobre la deuda que se estaba llevando a cabo en un Tribunal de París quedó parada mientras se definía cuál era el gobernante legítimo de Venezuela: Maduro o Guaidó.
Con ello no solo se paró la posibilidad de pagar con alimentos, sino que un par de meses más tarde, Paraguay comenzó a negociar el pago hasta de honorarios a un abogado de PDVSA.
El abogado argentino Sebastián Vidal confirmó desde Argentina que se reunió en noviembre del 2019 con Juan Ernesto Villamayor, jefe del gabinete civil de Abdo Benítez, para buscar un acuerdo en nombre del gobierno de Guaidó ante los reclamos de la estatal venezolana PDVSA a Petropar. Hubo dos borradores según la publicación de The Washington Post y en el último de ellos se dejó por escrito que el 20% del monto total se pagaría a Vidal. Es decir, más de US$ 26 millones. Tras varias contradicciones, Vidal admitió que conoce del parentesco entre Mario Abdo Benítez y su cliente, el conocido empresario paraguayo-argentino Carlos Abdo, expresidente del club San Lorenzo de Almagro.
Emisarios de Guaidó estuvieron en Asunción en 2019 para ofrecer un arreglo sobre la deuda del Estado paraguayo con PDVSA. Venezuela reclama US$ 290 millones, pero nuestro país solo reconoce US$ 269 millones. Uno de los que cuestionaron dicho acuerdo fue José Ignacio Hernández, exfiscal general de Guaidó, quien dijo que ese contrato fue negociado sin conocimiento o participación de los supervisores de la industria petrolera nombrados por el Gobierno opositor venezolano. Hernández agregó que recibió el contrato en marzo y que luego indicó a los paraguayos que no era legalmente válido y que no sería aceptado.
Hernández renunció como fiscal general de Guaidó ese mes.
Seifart dice desconocer la nota
ABC Color intentó acceder a la versión de la exasesora jurídica de la Presidencia, Mónica Seifart de Martínez Vierci, sobre la nota que remitió al entonces procurador Sergio Coscia, pero la misma desconoció el documento. “Disculpe, no estoy más en la asesoría de Presidencia. Si la hubo, se encuentra en los archivos”, fue su primera respuesta a través de la aplicación de mensajería WhatsApp.
“No tengo conocimiento acerca de su consulta, disculpe. Apenas pueda solicitar, lo voy a hacer, gracias”, señaló ante la insistencia. Por su parte, el exprocurador Sergio Coscia leyó los mensajes y no respondió.