Horacio Cartes, expresidente de la República y líder hegemónico del movimiento Honor Colorado, puso en ejecución un programa para volver al Poder Ejecutivo, perpetuarse en el Palacio de López y despojar de numerosas facultades al Congreso para gobernar con atribuciones absolutas (ver el cuadro).
Para ello recurrirá a instalar en la agenda política un llamado a “Convención Nacional Constituyente” y la redacción de una nueva Carta Magna, pero en lugar de fortalecer el republicanismo sería similar a los documentos utilizados por regímenes autoritarios con democracias “de fachadas”, como la Constitución Chilena de 1980.
La idea de la Asamblea Constituyente surge ahora ante el fracaso y el repudio internacional que tuvo el proyecto de la enmienda mau, que atropelló las instituciones y culminó con la quema parcial del Congreso el 31 de marzo de 2017 y el asesinato en la madrugada siguiente del joven activista liberal Rodrigo Quintana, ocurrido durante un atraco policial a la sede del PLRA, principal partido opositor.
El diputado por Itapúa Walter Harms (ANR, cartista) se atribuye la idea solitaria de la Convención y negó que se trate de un plan del movimiento liderado por Cartes.
Las múltiples atribuciones que la Constitución de 1992 le otorgó al Parlamento molestan al plan cartista, que busca retroceder a la Carta Política de 1940 para que el Presidente del país tenga de nuevo el control total de la República.
Libertad de prensa
Entre sus planes se encuentra habilitar la reelección de manera permanente, limitar la libertad de prensa y de expresión, crear la facultad de poder disolver el Congreso, eliminar el juicio político, entre otros.
Así también, buscan eliminar la facultad constitucional del Parlamento de aceptar o rechazar la renuncia del Presidente (Art. 202, inc. 10). Este artículo le impidió renunciar a la Presidencia de la República en 2018 para jurar como senador activo, intención que así violaba la Constitución vigente.
Otro punto fundamental para el cartismo será eliminar la facultad legislativa de modificar el Presupuesto General de Gastos (PGN) y la colocación de Bonos. El expresidente se vio obligado a vetar totalmente el Presupuesto 2017 y de manera parcial el del 2018, enojado con los legisladores.
El cartismo también intentó por ley retirar la facultad del Congreso de instalar Comisiones Bicamerales de Investigación que remitan sus conclusiones a la Fiscalía (Art 195). El plan buscaría adelantarse ante la inminente aplicación de la Reforma Electoral que instaló el sistema de desbloqueo de listas sábana para cargos legislativos nacionales, distritales y departamentales.
Igualmente, está en marcha la aplicación de las nuevas leyes de Control al Financiamiento político en internas partidarias y trazabilidad del dinero sucio. Cartes siempre se jactó de pagar campañas, pero nunca apareció en las rendiciones.
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