La fiscala Victoria Acuña solicitó la desestimación de la denuncia presentada por la presidenta de la Junta departamental Antonia López y concejales, sobre perjuicio contra fondos provenientes de royalties y del Fonacide, de los ejercicios 2014 a 2018, por obras contratadas.
El 28 de diciembre último, el juez penal de garantías de delitos económicos Humberto Otazú dio trámite de oposición al requerimiento y lo remitió de nuevo a la fiscala Acuña, para que se ratifique o se rectifique.
Acuña se ratificó una hora después, motivo por el cual el magistrado remitió el caso a la Fiscalía General del Estado, para que revise la actuación de su inferior.
La denuncia que dio origen al proceso sindica a Dávalos como responsable de un presunto perjuicio patrimonial de G. 192.187.375.600, en los periodos mencionados, según auditoría externa realizada por el licenciado Gustavo Adolfo Acuña Molinas.
Se agregó la presunta apropiación de bienes por valor de G. 242.946.573, que saltó tras inventario de bienes.
Según auditoría, durante la gestión de Dávalos no se pudieron justificar G. 169.144.131.619, utilizados para “fines ajenos” a la competencia de la gobernación. Asimismo, apareció la disposición activa y discrecional de G. 3.897.350.106 que equivalen a una diferencia entre cheques emitidos por la Gobernación y lo obligado según ejecución presupuestaria.
En su decisión, el magistrado Otazú destaca que en junio pasado la Contraloría General de la República emitió un informe de auditoría financiera, del cual se desprenden observaciones sobre la gestión del periodo referido, y denuncia diferencias entre cheques emitidos y gastos obligados.
Ahora, la Fiscalía adjunta de la Unidad de Delitos Económicos tiene 10 días hábiles para expedirse sobre el particular.
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