La audiencia preliminar para los acusados estaba fijada inicialmente para mañana lunes, pero debido a la comunicación que realizó el abogado Milciades Centurión, que su clienta la acusada Nélida Huespe de Peralta padece de covid, la diligencia fue pospuesta para febrero.
El proceso es chicaneado de forma permanente. El último recurso dilatorio tuvo que ver con la recusación a la jueza penal de garantías Hilda Benítez Vallejo, interina de su colega Sánchez.
La recusación a la jueza Benítez fue promovida por el procesado Esteban Ferreira, acusado juntamente con Huespe y Celina Villalba de apropiarse ilegalmente de G. 1.200 millones en perjuicio de la Asociación de Funcionarios Públicos.
“Es un recurso dilatorio y netamente obstruccionista; una verdadera afrenta a decisiones que ha adoptado la Corte Suprema de Justicia”; había dicho el abogado querellante Rodrigo Yódice, quien recordó las otras veces en que fue suspendida la audiencia preliminar.
“Acá buscan la impunidad”, afirmó el abogado al recordar que los acusados privaron a los jubilados de acceder a créditos que les permitirían tener una vida digna.
Rechazan recusación
En noviembre de 2020, el Tribunal de Apelación, 3ª Sala, rechazó la recusación planteada contra la jueza Benítez, que truncó la audiencia preliminar, en el proceso abierto por el fraude a docentes jubilados, en setiembre del año pasado.
“Del estudio del caso particular, la versión del recusante se halla huérfana de sustentación jurídica, ya que no ha demostrado ninguna clase de enemistad, odio o resentimiento, ni la existencia de la supuesta preopinión, es decir, no ha acompañado pruebas fehacientes sobre los supuestos elementos fundantes de su recusación, con los cuales pueda dar sustentabilidad legal a la pretensión deducida (...)”, afirmó el camarista Agustín Lovera Cañete al rechazar la recusación, a cuyo voto se adhirieron los magistrados José Waldir Servín y Cristóbal Sánchez.
Antecedentes
En el 2018, el fiscal Alcides Corvalán imputó por apropiación a quienes se hicieron pasar por directivos de la Asociación Central de Funcionarios Públicos y Docentes Jubilados del Paraguay, para supuestamente extraer G. 1.200 millones.
Los imputados fueron Huespe de Peralta, Villalba de Lovera y Ferreira, sobre quienes el Ministerio Público aseguró que había suficientes indicios de la perpetración de la apropiación.
Por su parte, la acusación de la fiscala Stella Mary Cano reveló que los retiros irregulares de fondos de la Asociación de G. 1.200 millones se realizaron entre el 17 de diciembre de 2014 al el 31 de marzo de 2015, cuando los procesados ya no eran directivos.