En 9 meses aún no hay imputación en el caso de mascarillas falsificadas

Ya transcurrieron casi nueve meses desde que el ministro de Salud Pública, Julio Mazzoleni, entregara a la Fiscalía General del Estado una denuncia penal por tentativa de estafa y delitos marcarios, por la adulteración de las especificaciones técnicas de las mascarillas quirúrgicas que las empresas del Clan Ferreira pretendían entregar al MSPyBS en el marco de la fallida compra de insumos chinos.

La causa está identificada como N° 52/2020 “Persona innominada s/estafa”. Hasta anoche seguía sin formularse imputación por los hechos más graves enumerados en el reclamo.

La gigantesca estafa, que además hubiera puesto en riesgo la integridad física de todo el personal médico que hubiese utilizado los artículos falsificados, solamente fue evitada por la intervención in situ de la Comisión Especial de Supervisión de Compras Covid 19 (CESC), liderada por el ministro Arnaldo Giuzzio, quien constató las alevosas alteraciones efectuadas a los productos importados, antes de ser entregadas a las autoridades sanitarias.

El equipo de agentes fiscales, liderado por Osmar Legal, dividió la causa al abrir otra con el número 98/2020, en el marco de la cual procesó por contrabando de camas hospitalarias a Justo Ferreira y a su hija Patricia Ferreira, junto a funcionarios aduaneros y despachantes. Mientras tanto, la investigación por los hechos verdaderamente denunciados quedó paralizada, ya que luego de casi 9 meses desde la presentación de la denuncia no hay una sola persona procesada por tales ilícitos.

Ya hace varios meses que el agente fiscal Osmar Legal había justificado la falta de imputación, al decir que se encontraba pendiente de la recepción de la información requerida a la empresa fabricante, acerca de si autorizó o no el cambio de las cajas. Argumentó que si se imputaba y luego llegara la información de que, por ejemplo, sí se autorizó, se deberá sobreseer debido a que, según su criterio, el perjudicado por el cambio de las cajas sería la empresa fabricante.

El argumento es claramente falaz, ya que no se puede dudar de que la verdadera víctima del hecho de adquirir un producto adulterado es quien lo adquiere, independientemente de que también se configure un delito marcario. Entonces, en el contexto correcto, que está enmarcado con la denuncia del Ministerio de Salud, lo determinante no es lo que pueda decir el fabricante; lo determinante es si con el cambio de cajas se estaban modificando las especificaciones consignadas en las cajas/envoltorios originales.

Favorecidos con arresto domiciliario

Otro hecho llamativo del proceso fue el accionar del fiscal Osmar Legal al momento de solicitar las medidas contra Justo Ferreira y su hija, Patricia Ferreira, ambos imputados en el caso.

En contra de las prácticas habituales y de forma sugestiva, dicho integrante del Ministerio Público requirió la prisión preventiva de Justo y Patricia Ferreira, pero no ordenó la detención preventiva de esos imputados. Ello permitió que los empresarios presentaran una serie de chicanas para trabar el proceso.

Gracias a que Legal no solicitó la detención de los imputados, la defensa de los mismos planteó un incidente de nulidad de la imputación, reposición y apelación en subsidio contra la admisión de la imputación y fijación de la audiencia de medidas, recurriendo en todos los casos hasta la Corte Suprema de Justicia. Mediante estos movimientos, nunca se pudo estudiar el requerimiento de prisión preventiva.

Luego de pasar varios meses, con el expediente ya fuera del radar de la prensa, la semana pasada los mismos imputados que todo el tiempo evadieron la audiencia de imposición de medidas solicitaron voluntariamente al Juzgado de Garantías que se fije la audiencia que tanto tiempo impidieron que sea realizada.

Llamativamente, aquello ocurrió cuando el juez original de la causa, Humberto Otazú, había salido de permiso y le interinaba el magistrado Mirko Valinotti.

Valinotti fijó inmediatamente la audiencia y concedió a los imputados la medida de arresto domiciliario, en contra del requerimiento fiscal de prisión preventiva. Curiosamente, el fiscal Legal no presentó apelación.

Hasta el momento, el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados no tomó intervención en el caso a pesar de las numerosas irregularidades cometidas a lo largo del proceso.

En camino a grotesco blanqueo

Todo indica que, en realidad, el haberse procesado solamente por contrabando de las camas hospitalarias, dejándose de lado los hechos principales denunciados, es parte de un plan para blanquear al clan Ferreira.

En efecto, a pesar de la acusación fiscal por contrabando, el avance del operativo blanqueamiento es categórico, ya que el sumario administrativo realizado en la Dirección Nacional de Aduanas increíblemente concluyó que el ingreso de las 50 camas hospitalarias no constituyó contrabando y solamente sancionó por defraudación, por circunstancias relacionadas al flete aéreo. Esto fue apelado por la representante de la Fiscalía en sede aduanera.