En la sesion ordinaria del martes, el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) tiene previsto estudiar la denuncia presentada por Alejandro Urbieta, intendente de la ciudad de Concepción, contra la jueza Honorina Acosta Cantero, jueza penal de garantías de esa ciudad.
La causa 438/18 figura como el primer punto en la agenda del Jurado, y el intendente de Concepción ya anunció el desenlace de la sesión de mañana diciendo que la jueza Acosta Cantera será expulsada de la magistratura.
Según la denuncia de Alejandro Urbieta, la jueza Acosta Cantero ordenó el 29 de octubre de 2018 su arresto domiciliario en forma irregular, en base a una acusación presentada por la docente Gladys Rojas de Silva por presunta apropiación y lesión de confianza.
El proceso iniciado por el intendente de Concepción ante el JEM tiene tinte de venganza personal contra una magistrada que tuvo la valentía de ordenar su arresto domiciliario.
Básicamente, Alejandro Urbieta sostiene que la jueza de garantías ordenó su detención luego de que el tribunal de apelaciones rechazará esa medida.
El sistema informático del Poder Judicial demuestra la falsedad de la denuncia presentada por el intendente Urbieta. La orden de detención fue anterior a la intervención del tribunal de apelaciones, integrado en ese momento por los jueces Favio Cabañas Goseen, Amado Alvarenga Caballero y Eliodoro Molinas, por lo tanto la intervención de la jueza de garantías no presenta ninguna irregularidad.
El intendente Urbieta enfrenta graves denuncias de corrupción, entre ellas la venta del puerto granelero de la ciudad, sin que el Ministerio Público haya iniciado ninguna investigación.
Hay sospechas de que la fiscal general del Estado, Sandra Quiñonez, brinda protección al cuestionado político del Partido Liberal Radical, hermano del diputado Luis Urbieta (ANR).
La decisión del Jurado en torno a la suerte de la jueza Honorina Acosta Cantero será en realidad un mensaje para la ciudadanía concepcionera.