“Este proyecto es resultado de un trabajo con los distintos ministerios. El Ministerio de Salud sostiene que las medidas son necesarias para enfrentar a la pandemia”, dijo Huttemann en una conversación este miércoles con ABC en que argumentó jurídicamente por qué las disposiciones de este proyecto de ley de emergencia sanitaria que fue anunciado ayer por el Ejecutivo no violan la Constitución Nacional.
El jefe de Gabinete Civil sostuvo que todos los artículos se enmarcan dentro de las disposiciones de la Carta Magna. Una de las medidas establecidas dentro de este proyecto de ley es enviar a la cárcel a las personas que administran de forma irregular las vacunas contra el coronavirus en el país. No se establecen medidas para quienes las reciben inapropiadamente.
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Esto trascendió luego de conocerse los casos de “vacunaciones VIP”, que en la práctica no tienen castigo alguno salvo el reproche moral o sumarios a funcionarios públicos a pesar de investigaciones abiertas por la Fiscalía. “Propusimos desde el Ejecutivo, más allá de medidas sanitarias, la inclusión del artículo 5 que plantea los presupuestos para la adopción de medidas”, indicó el jefe de Gabinete Civil.
Sobre la constitución de tribunales especiales administrativos para la fijación de los castigos, Huttemann aseguró que esto no colude con el Poder Judicial y que se puede ser perfectamente aplicable en este caso de emergencia sanitaria porque lo que se estaría aplicando es el derecho administrativo sancionador.
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Uno de los artículos, el 23, menciona que los funcionarios que utilicen su cargo o posición para beneficiar a otro para recibir la vacuna contra el COVID-19 serán sancionados con hasta cinco años de cárcel o multa. La sanción económica puede ser de cinco a 300 jornales mínimos, dependiendo de la gravedad. Tampoco podrán ocupar cargos en la función pública, sean electivos o no, durante diez años.
El otro artículo en cuestión es el 24, el cual crea una nueva figura penal, según destacó ayer el jefe de Gabinete Civil y es el hurto agravado de vacunas e insumos, que contempla cárcel por dos a seis años, y en caso de venderlos será castigado según el Código Penal.
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Será el Ministerio de Salud Pública el que tendrá las prerrogativas para aplicar sanciones como una amonestación o una multa de entre 5 y 300 jornales, quedándose con lo recaudado de la multa, en caso de incumplimiento de las medidas sanitarias que cita el artículo 6.
Otra de las cuestiones más llamativas del proyecto es que permite que determinados permisos o restricciones se regulen por decretos. Menciona, por ejemplo, la limitación para circular, el uso obligatorio de sistemas de ventilación, lavado de manos y uso de mascarillas, que están ya contemplados en la Ley N° 6.699.
También se incluye la fiscalización en medios de transporte público, terrestre, aéreo, marítimo y fluviales, y en ambientes laborales formales e informales, que será realizada por el MSP y la Policía Nacional.
Ayer, Huttemann indicó en conferencia de prensa que existe un debate en el Ejecutivo relacionado con la discusión constitucional sobre la persona que puede ser sancionada o no por recibir una vacuna al prevalecer el derecho a la salud.
El jefe de Gabinete Civil finalizó indicando hoy también que el Congreso puede evaluar, agregar o remover las disposiciones que están dentro del proyecto que tendrá ingreso este miércoles en el Legislativo y que también el Poder Judicial puede ser consultado al respecto.