La apelación general fue planteada por el propietario de la firma Insumos Médicos (Imedic S.A) Justo Ferreira y su hija Patricia Ferreira Pascottini (presidenta de la empresa), bajo patrocinio del abogado Carlos Montanaro, en contra de la providencia por la cual el juez Humberto Otazú fijó la audiencia preliminar para el 18 de mayo pasado.
Al respecto el fallo de los camaristas Gustavo Santander Dans, José Waldir Servín y Cristóbal Sánchez, integrantes del Tribunal de Apelación Penal, Primera Sala, resalta que “la resolución recurrida no pertenece al catálogo de aquellas impugnables por la vía del recurso de apelación general previsto en el art. 461 inc. 1 al 10”.
Agrega que tampoco puede considerarse que la convocatoria a audiencia preliminar, en la que se debe resolver si el caso se eleva a juicio oral y público como solicitó el Ministerio Público, causa un agravio irreparable, tal como argumentó la defensa de los acusados.
Por otro lado, verificando las recusaciones interpuestas por la defensa en esta causa, el Tribunal de Apelación ordenó la elaboración de un cuadernillo con todas las recusaciones interpuestas y que se detalle cuáles fueron planteadas por Justo Ferreira y su hijo, ya sea por derecho propio o por sus abogados defensores, para determinar si corresponde la aplicación de las sanciones establecidas en los artículos 113 y 114 del Código Procesal.
Una vez que el expediente baje de la Cámara de Apelaciones, el juez especializado en Delitos Económicos Humberto Otazú podrá convocar la audiencia preliminar para los acusados por los supuestos hechos punibles de contrabando, asociación criminal y producción de documentos no auténticos.
Además de Justo Ferreira y Patricia Ferreira Pascottini, el fiscal Osmar Legal acusó por los mencionados hechos punibles a Carlos Gamarra, despachante de Aduanas; Gustavo Acosta y Guillermo Molinas.
En el caso del transportista Lauri Pohl y el aduanero Mario Olmedo, también procesados en esta causa, en el requerimiento conclusivo el Ministerio Público solicitó el sobreseimiento definitivo para ambos.
<b>El caso</b>
En el marco de la crisis sanitaria por la pandemia del covid-19 la empresa Imedic debía proveer al Ministerio de Salud Pública tapabocas con filtro por valor de G. 33.660.000.000, trajes para riesgos biológicos por G. 14.080.000.000 y camas manuales para pacientes por G. 212.500.000, lo que hace un total de G. 47.952.500.000 por el paquete de insumos.
No obstante, la Fiscalía sostiene en su acusación que la empresa defraudó al fisco con el ingreso ilegal al país de 50 camas hospitalarias de alta gama, que fueron compradas previamente de la empresa panameña Máster House por un monto total de US$ 142.500.