Justo Ferreira fue condenado a tres años de cárcel como autor de contrabando, pero fue absuelto en la acusación de uso de documentos no auténticos, de acuerdo con lo que determinó un tribunal de sentencia este martes.
Justo Ferreira y su hija Patricia Ferreira Pascottini, directivos de la firma Insumos Médicos (Imedic SA), declararon hoy en el juicio oral y público que afrontan por el supuesto contrabando de las 50 camas hospitalarias de alta gama que ingresaron al país al inicio de la pandemia por covid-19; y calificaron el hecho como un “desliz administrativo”. La fiscalía presentará sus alegatos finales el miércoles 25 de octubre.
La Corte Suprema de Justicia rechazó la excepción de inconstitucionalidad promovida por los directivos de la firma Insumos Médicos Sociedad Anónima (Imedic SA) Justo Ferreira y su hija Patricia Ferreira Pascottini. Con la decisión del máximo tribunal ya no hay impedimentos para que se dicte sentencia en el juicio oral y público que afrontan por presunto contrabando y otros delitos en el caso “insumos chinos”.
El fiscal anticorrupción Jorge Arce presentará las pruebas documentales en el marco del juicio oral y público que se le sigue al empresario Justo Ferreira y su hija Patricia Ferreira, por la supuesta comisión de los hechos punibles de contrabando, producción de documento no auténtico y asociación criminal, en el marco del caso Imedic.
Tres diputadas que denunciaron el caso “insumos chinos”, al inicio de la pandemia de covid-19, declararon hoy en el juicio oral a los directivos de Imedic SA Justo Ferreira y su hija Patricia Ferreira Pascottini. Las parlamentarias resaltaron que si no intervenían en la llegada de las cargas de insumos, la ciudadanía no se hubiese enterado de las irregularidades en el proceso de compra.
El Ministerio Público sostendrá la acusación en contra del propietario de la empresa Insumos Médicos SA (Imedic), Justo Ferreira, y su hija Patricia Ferreira Pascottini, por el supuesto contrabando de insumos chinos al inicio de la pandemia de covid, en el 2020. El Tribunal Especializado en Delitos Económicos ratificó su competencia en el caso.