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Los datos fueron expuestos ayer durante la sesión ordinaria de la Cámara de Senadores que inició el estudio del referido proyecto y tras la aprobación en general, se aplazó la decisión del estudio de los artículos en particular hasta el próximo martes 27.
Los senadores, entre ellos Stephan Rasmussen (PQ), señalaron que de los US$ 262 millones a ser destinados a los programas de salud pública y programa sociales, solo US$ 71 millones en realidad van al Ministerio de Salud Pública para cubrir gastos no rígidos.
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A esto se agrega los datos que expuso el senador Juan Darío Monges (ANR), que US$ 112 millones financiarán programas de adultos mayores, US$ 75 millones para el pago de la jubilación del sector público, y US$ 4 millones para compra de medicamentos e insumos para el Hospital de Clínicas.
La información manejada por los legisladores es que Hacienda argumentó que con los recursos disponibles ya no podrá cubrir la totalidad de los gastos sociales, entre ellos adultos mayores y jubilaciones.
Pensionados y jubilados
Los datos de la cartera fiscal indican que a junio registra 232.477 beneficiarios del programa de adultos mayores y, en cuanto a la Caja Fiscal, acumula un déficit de 33% en ese mismo periodo.
El saldo rojo de la Caja equivale a G. 577.775 millones (US$ 84,9 millones), debido a que el aporte de los activos no alcanza para cubrir los haberes de los jubilados. En ese sentido, los sectores deficitarios son los de docentes, policías y militares, en estos dos últimos casos el saldo rojo se financia directamente con recursos de la recaudación impositiva.
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Los fondos para financiar los programas previstos en el proyecto de ley de consolidación económica y contención social, por un total de US$ 365 millones, serán obtenidos mediante la reprogramación presupuestaria que realizará Hacienda si el Congreso lo aprueba, la emisión de bonos por US$ 25 millones y el uso de los Derechos Especiales de Giro (DEG) del Fondo Monetario Internacional (FMI) por un monto de US$ 250 millones.
El plan es cuestionado por la mayoría de parlamentarios, porque consideran que se le dará facultades al Ejecutivo para ejecutar el presupuesto en forma discrecional y por decreto, dejando de lado las atribuciones del Congreso.
Reducir aporte al IPS
Otro punto debatido ayer en la sesión es lo relacionado al aporte previsto a favor del Instituto de Previsión Social (IPS), de US$ 45 millones, para cubrir los reposos y pagar a trabajadores suspendidos en sus actividades.
El senador Amado Florentín (PLRA) planteó que se le asigne solo US$ 20 millones y la diferencia se destine a aumentar los fondos para programas de salud,
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A su criterio, al IPS ya se le asignó por ley de emergencia US$ 100 millones y de eso ejecutó 68%, por lo que aún dispone de un saldo de US$ 13,5 millones. Argumentó que en este momento de mayor apertura económica no podría tener el mismo nivel de egresos que cuando se tenía un cierre total por la pandemia.