Senado aplaza decisión sobre ley de consolidación económica

El pleno del Senado se constituyó en comisión, atendiendo que el proyecto no tenía dictamen de la Comisión de Hacienda, e inició el estudio del plan en medio de duras críticas, principalmente de los legisladores de la oposición por el manejo discrecional que pretende el Ejecutivo sobre los fondos públicos.

Los cuestionamientos se centraron en que el Congreso no debe delegar su atribución de decidir sobre las modificaciones presupuestarias y respecto a que solo se disponía de una información general sobre los montos disponibles, pero no sobre la distribución clara programa por programa como debería establecerse, para evitar que los recursos sean utilizados en otros fines no contemplados.

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La mayoría de los senadores se manifestó a favor de la modificación del plan del Ejecutivo y esto llevó a que el senador Juan Darío Monges, que ofició de vocero para explicar sobre el proyecto, solicitara el aplazamiento del estudio para que todos los legisladores pudieran acceder a los datos que el Ministerio de Hacienda remitió a la Cámara de Senadores ayer en horas de la noche.

El presidente del Senado, Óscar Salomón, luego de aplazarse el estudio, comunicó que se convocará a sesión extraordinaria el próximo martes 27, desde las 8:30, para proseguir con el debate y la aprobación del referido proyecto de ley planteado por el Gobierno.

Salud y programas sociales

Antes del cierre de este tema, Monges comentó al pleno como se distribuirían los US$ 262 millones previstos para salud y programas sociales: US$ 71 millones para salud (no incluye salario), US$ 112 millones para el programa adultos mayores, US$ 75 millones para pago de jubilaciones en el sector público y US$ 4 millones para Clínicas y hospitales públicos.

De acuerdo con los números que dio Monges, la mayor parte de los recursos no irán a parar a programas de salud, sino a financiar la pensión alimentaria para adultos mayores y el pago de jubilaciones del sector público, para el cual se dispondrá de un total de US$ 187 millones.

Deuda pública

La deuda fue otro de los temas abordados, ya que se prevé una emisión de bonos por US$ 25 millones para capitalizar el Fogapy y, además, las dudas generadas respecto a si será o no deuda la utilización de los Derechos Especiales de Giro (DEG) del Fondo Monetario Internacional (FMI), por unos US$ 250 millones.

El senador Stephan Rasmussen (PPQ) señaló que el ministro de Hacienda, Óscar Llamosas, reconoció que una vez que los DEG del FMI sean convertidos en dólares para financiar los programas, pasarán a formar parte del pasivo del Estado y, por lo tanto, es una deuda que deberá ser pagada. Por su parte, Juan Bartolomé Ramírez, indicó que a su criterio los derechos especiales son deuda, aunque consideró que a una tasa muy baja.

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El proyecto de ley de consolidación económica prevé programas a ser financiados por un monto de US$ 365 millones y, según lo que informó en su momento Hacienda, de este monto US$ 262 millones irán a programas de salud y programas sociales; en tanto que el resto a otras diversas instituciones.