Silencioso allanamiento en la Gobernación de Central en el caso de facturas falsificadas

El procedimiento fiscal encabezado por el agente Rodrigo Estigarribia de la Unidad Especializada en Delitos Económicos se realizó a casi un mes de la denuncia penal hecha por la Secretaría Nacional Anticorrupción (Senac) y la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET), por los supuestos hechos punibles de lesión de confianza, declaración falsa, producción de documentos no auténticos, manipulación de traficaciones técnicas y frustración de la persecución y ejecución penal. El caso también fue denunciado públicamente a través de los medios de prensa desde el 2 de junio pasado.

La causa se centra en el uso de facturas falsificadas y de empresas de fachada para la rendición de cuentas de la ejecución de US$ 1 millón (G. 6.382 al cambio de finales del año pasado), dinero que el gobernador de Central, Hugo Javier González (ANR cartista), recibió del Poder Ejecutivo del fondo de emergencia sanitaria por covid-19 el año pasado para la reactivación económica.

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El administrador departamental repartió dicha trasferencia a la ONG Centro Integral de Apoyo Profesional (CIAP), presidida por Tadeo Andrés Álvarez Cristaldo, la suma de G. 5.105 millones y al Consejo Regional de Salud presidida por Hugo Cabrera, G. 1.276 millones.

Según la denuncia de las autoridades de la Senac y la SET hecha el 8 de julio de este año, la Gobernación de Central habría suplantado facturas apócrifas de modo de “blanquear” los gastos. Todo se habría hecho a través de la organización no gubernamental CIAP.

En la ocasión el ministro de la Secretaría Nacional Anticorrupción, René Fernández, afirmó que la Fiscalía tiene la obligación de impulsar o de ejercer la acción penal pública en forma inmediata y explicó que la denuncia tiene fundamentos y se acompaña con un análisis de toda la documentación.

Ayer, el viceministro de Tributación, Óscar Orué, aseguró que desde la SET ya detectaron muchas irregularidades en torno a la Gobernación de Central y las ONG que todavía no pueden ser reveladas para no afectar la investigación de la Fiscalía. Adelantó que “habrá muchas sorpresas”, conforme avance la causa.

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A casi dos meses de las denuncias públicas y a casi un mes de la denuncia penal, recién el pasado viernes el fiscal Rodrigo Estigarribia y su equipo de investigación comenzaron con los allanamientos. Primero, de forma simultánea, llegaron hasta la oficina donde funciona la fundación CIAP ubicado en Asunción, donde la comitiva incluso ya era esperada por los representantes de la ONG. También allanaron ese día dos estudios contables situados en Fernando de la Mora y finalmente hoy, llegaron hasta la Gobernación.