El presidente de la República, Mario Abdo Benítez, firmó ayer la Ley N° 6789 con fecha del 13 de agosto pasado, según refiere la Gaceta Oficial. El proyecto de ley fue aprobado en el Senado el 15 de junio pasado y sancionado por la Cámara de Diputados el 21 de julio último.
Esta normativa, que presentó el senador Enrique Salyn Buzarquis (PLRA), tiene por objeto establecer sanciones a las empresas del transporte público de Asunción y Área Metropolitana que no cumplan con las leyes vigentes.
Entre los principales puntos de la Ley promulgada (ver infografía) dispone que en el caso de que los propietarios, accionistas o representantes legales de las empresas del transporte público realicen algún tipo de amenaza o extorsión a los órganos del Estado relacionados con la prestación de sus servicios, ya sea por cualquier medio, será considerado como delito y sancionado con seis meses a cinco años de pena privativa de libertad o multa.
La normativa también señala que las empresas que realicen o amenacen con reguladas en épocas de pandemia o emergencia declarada en el área donde prestan servicios, además de cancelarse su licencia y su itinerario, tendrá prohibido solicitar nueva licencia e itinerario por un plazo de 10 años.
Reglamentación
La aplicación de esta normativa se deberá establecer en un decreto reglamentario. Además, la norma afectará solamente a las empresas de transporte permisionarias del Viceministerio del Transporte, de Asunción y del área metropolitana y será esta institución la que deberá velar por su cumplimiento. Si bien se pretende considerar como hecho punible de coacción y perturbación de servicios las reguladas, esto todavía debe definirse. La normativa deberá reglamentarse, y hay varias figuras legales que se pueden usar para aplicar las sanciones.
“Inconstitucional”
En su momento, el titular del Centro de Empresarios del Transporte del Área Metropolitana (Cetrapam), César Ruiz Díaz, despotricó contra los congresistas que sancionaron la ley que pretende castigar penalmente a empresarios del transporte público por reguladas y paros.
Como de costumbre, victimizó al sector y dijo que con esto se busca cercenar un “derecho constitucional”.