El Ejecutivo refiere que la iniciativa pretendía establecer criterios para la suspensión temporal o exclusión de la planilla de pagos de adultos mayores beneficiarios del régimen de pensión alimentaria y, además, busca sancionar con pena privativa de libertad de hasta tres años o multa la suspensión o exclusión del citado programa por hechos, condiciones o exigencias distintas a las establecidas. Señala, además, que la norma sería contradictoria a la aplicación de la Ley.
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