Siguen firme con proyecto de endeudamiento de la comuna de Salto hasta el 2024

SALTO DEL GUAIRÁ. Ni con denuncias, impugnación e investigación, la Junta Municipal y el intendente interino Wilson Báez (PLRA) de esta ciudad se frenan en su intención de endeudar a la comuna hasta el 2024. Tampoco no dieron lugar al pedido de reconsideración planteado por los futuros concejales. El plan es comprometer G. 63.200 millones mediante la adjudicación de una sospechosa obra.

Candidatos a miembros de la Junta Municipal reclaman cese de endeudamiento de la comuna de Salto.
Candidatos a miembros de la Junta Municipal reclaman cese de endeudamiento de la comuna de Salto.Rosendo Duarte

El pedido de reconsideración fue presentado por un grupo de candidatos a concejales de distintos partidos y movimientos, que, tras tomar conocimiento del negociado en proceso, plateó ante la Junta Municipal que dejen sin efecto el proceso licitatorio.

Los concejales, sin embargo, no dieron respuesta al pedido y siguen con el proceso. La decisión de comprometer un total de G. 63.200 millones del presupuesto de los próximos años, incluso está vedado en la Dirección de Contrataciones Públicas (DNCP), pero aun así el intendente interino, Wilson Báez y los concejales ya adjudicaron la obra. Solo resta firmar el contrato.

Se trata de la construcción de una planta de tratamiento de agua, que tendría su base de bombeo sobre el río Paraná. Sin embargo, según la denuncia, el proyecto no tiene aun el permiso de Itaipú ni un estudio de impacto ambiental, entre varias otras falencias. Además, se contrató bajo la modalidad de “diseño incluido” que exige un proyecto de ingeniería básico, que la comuna jamás presentó.

La obra, con un costo de G. 59.994.895.024 fue adjudicada a la empresa EDIVI S.A., cuyo representante legal es Emilio Díaz de Vivar. La adjudicación se dio el 26 de julio y al día siguiente, el 27 de julio ya fue aprobada sobre tablas por la Junta Municipal en mayoría.

Todo este proceso siguió, a pesar de que la DNCP abrió una investigación (3051/21) sobre el sospechoso proyecto ya en fecha 14 de julio, sobre la base de varias denuncias y protestas recibidas por dicha dirección.

Al contrato principal, el intendente Báez y sus concejales agregaron una licitación de G. 3.200 millones, para la fiscalización. También fue impugnada y está siendo investigada, teniendo en cuenta que lo realizaron por vía de la excepción, sin justificar cual era la “urgencia impostergable”.

Al explicar el caso a la DNCP adujeron que se habían olvidado de la fiscalización en medio del cambio de gobierno (Carlos Haitter renunció para recandidatarse el pasado 5 de julio) por lo que no tuvieron más alternativa que recurrir al llamado por la vía de la excepción.

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