Según los datos, el dirigente de la Organización campesina OLT, Ramón Giménez, cerca del mediodía de ayer denunció que sin ningún documento empleados de Domingo Ascencio, un empresario capitalino quien no es sujeto de la reforma agraria, está mandando alambrar parte del asentamiento María la Esperanza de Tava’i.
Más de quinientas hectáreas de tierra donde están asentados compatriotas paraguayos, donde tienen sus cultivos, quedarán en un chiquero como animales, dijo la mujer y agregó que la fiscala Sandra Ledesma, sin exhibir orden de desalojo, ordenó arrasar con los enseres de los humildes pobladores.
Sin embargo, en horas de la tarde un grupo de pobladores llegó al asentamiento María La Esperanza para exigir la orden para alambrar la parcela y como no tenían obligaron a los trabajadores abandonar la tarea.
Según los datos, los empleados de Domingo Ascencio no ofrecieron resistencia y se retiraron del lugar. Los campesinos aseguran que el supuesto título de propiedad de Ascencio no corresponde al lugar y que los fiscales y jueces se están prestando para despojar a los pobladores del lugar donde ya viven por varias décadas, inclusive.
Por otro lado, el bloqueo de la ruta PY18 en el puente sobre el río Tebicuary (unos 3 km de la zona urbana de la ciudad de Tavaí) continúa en la fecha y es en forma indefinida. Comenzó a las 08:00 y se abrirá a las 18:00, según los datos.
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Ramón Giménez aseguró que están esperando la presencia de las autoridades, como ser Comisión de la reforma agraria y de los Derechos Humanos del Parlamento Nacional y en especial de la presidenta de la Indert, Gail González.
Los pobladores del asentamiento María La Esperanza explicaron que la semana pasada se presentó en el lugar la fiscal Sandra Ledesma, sin exhibir orden de desalojo, en compañía de efectivos policiales para destruir viviendas que para los lugareños representaban muchos años de sacrificio para su construcción.
La fiscal Sandra Ledesma, al ser consultada, dijo que el Ministerio Público no ejecuta desalojo, sino ordena detención de personas y ordena el cese de la fragancia de la ocupación de la propiedad. La agente dijo que los ocupantes no tienen título de propiedad y ese delito se castiga con 10 años de cárcel.