Un examen de auditoría practicada a la administración del ahora exgobernador Schmalko, durante el periodo que abarca el primer cuatrimestre del año 2019 y el segundo cuatrimestre del año 2020, detectó varias irregularidades en la ejecución de obras públicas por un monto superior a los G. 5.900 millones, financiadas con recursos del Fonacide y royalties.
Fundado en este informe de auditoría, el concejal departamental Carlos Pereira (PLRA) presentó una minuta en la que solicita al pleno de la Junta remitir los antecedentes al Ministerio Público y presentar una denuncia contra personas innominadas, para deslindar responsabilidades del cuerpo colegiado en las presuntas irregularidades en el uso del dinero público.
En la sesión ordinaria del día ocho de noviembre, por mayoría de votos el pleno decide remitir el pedido de intervención. La entonces presidenta del organismo, Luisa Salapata (ANR Añetete), decide esperar a que la Junta apruebe el acta de sesión del día ocho –en la cual se decide dar participación al Ministerio Público– para contar con el documento respaldatorio formalizado con la firma de los concejales, según se explicó en su momento a través de la Secretaría General.
El lunes 15 se presentó la renuncia del gobernador Schmalko, y junto con él renunciaron tres de sus más cercanos colaboradores: el jefe de Gabinete, Ariel Ávila Schmalko; el asesor financiero, Osvaldo Núñez, comisionado de la entidad binacional Yacyretá (EBY), y el secretario de Obras Públicas, José Luis González.
El mismo día lunes es electo el concejal Christian Brunaga (ANR HC) para reemplazar a Schmalko, y Miranda Villamayor abandona el cargo de gobernador interino y retoma la presidencia de la Junta Departamental.
“Hay que ver”
Consultado el político sobre las acciones respecto del pedido del plenario de dar intervención al Ministerio Público ante un posible hecho de mal uso de los recursos del Estado, Miranda respondió con un escueto “hay que ver”.
Cuando le fue preguntado si esto significa que se podría rever el pedido de la Junta, de remitir el expediente al Ministerio Público, el presidente del organismo ya no respondió a la consulta.
Intentamos entrevistarlo esta mañana en su despacho, alrededor de las 11:00 horas, pero el político hizo decir a través de la secretaría general que ya se había retirado de la institución, y tampoco respondió al mensaje de texto.
Mandato se debe cumplir
El concejal departamental Pereira, impulsor de la minuta que dio origen a la decisión del colegiado, sostuvo que se debe remitir el pedido de intervención de la fiscalía en el caso, tal como se decidió en sesión ordinaria por mayoría de votos. El mandato del plenario de la Junta se debe cumplir “sí o sí”, sostuvo.
El político opositor, incluso, había anunciado que de no existir acuerdo en la Junta para aprobar su minuta, presentaría en forma individual una denuncia para deslindar responsabilidades en los hechos, en los cuales existen pagos por obras no realizadas, sobrecostos, pagos por certificaciones adelantadas, entre otros hechos que ameritan una investigación del Ministerio Público.