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La Sala Penal integrada con los ministros María Carolina Llanes, Manuel de Jesús Ramirez Candia y Luis María Benítez Riera, por Acuerdo y Sentencia N° 1.152 del 17 de noviembre de 2021, no hizo lugar a la aclaratoria del Acuerdo y Sentencia N° 783 del 6 de agosto de 2021 pronunciado por la Corte, por el cual se había confirmado la condena de 10 años de prisión para el extitular del Instituto Paraguayo del Indígena (INDI) Rubén Darío Quesnel, y otras personas, quienes fueron halladas culpables del desvío de fondos de la entidad, entonces a su cargo.
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La Sala Penal no hizo lugar la aclaratoria solicitada por la abogada Aida Espínola en representación de los condenados Oscar Viera y de Quesnel, bajo el patrocinio del abogado Armando Rojas.
“En el caso particular los litigantes peticionan que sea aclarada la resolución dictada por este tribunal; sin embargo, de la lectura del fallo no se advierten deficiencias que ameriten su aclaratoria, pues no se observan ningún error u omisión material -como ser errores de copia o meramente aritméticos, equívocos referentes a nombres y calidades de las partes, etc.- o bien, conceptos oscuros - imprecisiones terminológicas susceptibles de dificultar y aplicar lo decidido- ,razón por la cual, corresponde no hacer lugar al pedido formulado por improcedente”, señaló el voto de la primera opinante María Carolina Llanes, al que se adhirieron los ministros Manuel Ramírez Candia y Luis María Benítez Riera.
Es la segunda condena
El recurso de aclaratoria que promovió el extitular del Instituto Paraguayo del Indígena (INDI) Rubén Darío Quesnel, es en el caso de su segunda condena, en este caso, de 10 años de prisión que se le impuso al ser hallado culpable de los hechos punibles de lesión de confianza y apropiación, que ahora queda firme.
En esta causa, el expresidente del INDI , Rubén Darío Quesnel, además de la condena de 10 años de prisión, se le impuso otros cuatro años de prohibición de ejercer cargos públicos y 50 días multa por dilatar el proceso en el caso del desvío de G. 3.127 millones que tenían que ser destinados a la compra de tierras para las comunidades indígenas Yakye Axa y Sawhoyamaxa, ocurrido en 2013.
También fueron sentenciados Marlene Mendoza, exdirectora de Administración y Finanzas del INDI, a 6 años de cárcel; Heber Otazo, funcionario del INDI, a 3 años y 6 meses; y Óscar Viera, expresidente de la ONG Reforeast Par, a 2 años y 6 meses.
El fallo unánime fue dictado el 28 de agosto de 2018 por el tribunal de sentencia integrado por los jueces Víctor Alfieri, María Luz Martínez y Daniel Ferro, quienes revocaron medidas alternativas.
La primera condena
El primer proceso contra Rubén Darío Quesnel se abrió tras una denuncia que señalaba que se vendieron 25.000 hectáreas de unas tierras que están en Mariscal Estigarribia, departamento de Boquerón, Chaco, asiento de 19 familias de la parcialidad Ayoreo.
Las investigaciones apuntaron directamente contra Quesnel, quien en octubre de 2012 dio la autorización para que se concretase la venta, con la excusa de supuestamente regularizar el asentamiento de los ayoreos, pero lo que se llegó a demostrar es que se dejó sin sus tierras a los indígenas.
En un juicio oral el tribunal de sentencia, integrado por Blanca Irene Gorostiaga, Gloria Hermosa de Correa y Carlos Hermosilla, encontró culpable a Quesnel y lo condenó a 6 años y seis meses de pena privativa de libertad, por los hechos punibles de lesión de confianza y abandono.
En el año 2015, esta condena fue confirmada por la Cámara de Apelación integrada por Agustín Lovera Cañete, José Waldir Servín y Antonia López de Gómez. Desde entonces Quesnel está preso en la cárcel de Tacumbú.
Esta sentencia condenatoria igualmente ya se encuentra firme.